Las negociaciones entre los sindicatos y los representantes de Proinsa se rompieron ayer después de que la empresa reformulase su propuesta para alcanzar un pacto laboral reconvirtiendo los 240 despidos improcedentes en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). En concreto, la constructora lalinense realizó una oferta de acuerdo en el ámbito de lo social con indemnizaciones de 30 días por año trabajado, descartando la posibilidad del ERE por lo mercantil. Las tres organizaciones sindicales (CC OO, UGT y CIG) coincidieron en rechazar la proposición de los representantes de Proinsa en la entrevista que tuvo lugar a puerta cerrada en la sede de la Aempe de Pontevedra.
La falta de acuerdo entre las partes tiene como principal caballo de batalla el carácter preferente de las indemnizaciones sobre el resto de deudas del grupo de empresas. Para algunos de los sindicalistas presentes en la cita de ayer, la firma dezana y los administradores pretenden "saltarse á torera" la legalidad vigente debido a que una conciliación traería problemas con el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) porque la calificación de créditos no sería la misma. Además, en la nueva formulación de Proinsa los salarios de los últimos meses tampoco serían contra la masa de acreedores de la empresa inmersa en un proceso concursal desde el pasado mes de marzo.
Readmisión
Uno de los instantes más tensos de la reunión mantenida ayer en Pontevedra fue cuando los representantes de Proinsa aseguraron que si el juez de lo social sentencia que los despidos son nulos, la constructora de Lalín estaría dispuesta a readmitir a los 240 trabajadores afectados. En este supuesto, los operarios se verían en el dilema de abandonar sus actuales puestos de trabajo para regresar a una empresa con un futuro incierto o, en caso contrario, perder las indemnizaciones que les corresponden por ley al no reincorporarse en plazo y forma a sus puestos en Proinsa. Para los representantes sindicales, la hipótesis planteada por los miembros del grupo empresarial tiene como objetivo principal evitar el pago de las indemnizaciones a los operarios despedidos.
La principal diferencia entre la puesta en marcha del ERE y el traslado del contencioso al ámbito de lo social estriba en que en el primer caso el Fogasa abonaría 20 días por año trabajado, mientras que los 10 restantes correrían a cargo de los activos de Proinsa. El pacto social, sin embargo, obliga al Fogasa a pagar los 30 días estipulados por ley. La confluencia de muchas partes en la negociación -tres sindicatos, seis abogados de trabajadores particulares, representantes de Proinsa y administradores judiciales- fue otro factor de la falta de acuerdo.
