Lo avisaron en mayo. “O risco de incendios coma o de Chandebrito este ano é máximo”, afirmaban en una comparecencia pública antes de un verano que, tal y como se preveía, fue más seco de lo habitual. Esta vez no ha habido muertos, pero sí pánico entre los numeroso gallegos que han visto sus casas devoradas o amenazadas por las llamas. Y han ardido en torno a 43.400 hectáreas en Galicia, más de lo que se quemó en los últimos cuatro años juntos. “A vaga de lumes víase vir e volverase a repetir nuns poucos anos se non se toman medidas efectivas de verdade”, lamentaban ayer cuatro de bomberos forestales del medio centenar que atienden Distrito Forestal XVIII, que abarca toda el área de Vigo y buena parte del sur de la provincia de Pontevedra, desde Fornelos de Montes hasta A Guarda. Rodeados de monte quemado en la parroquia baionesa de Baredo, donde las llamas arrasaron 50 hectáreas de superficie forestal, reiteraron a la Xunta la necesidad de una estrategia de prevención todo el año, no de seis meses, lo que duran sus contratos.
Ya no se trata ya de buscar culpables, sino de buscar soluciones. Califican la situación de “emerxencia” y por eso consideran que el trabajo de prevención ha de ser continuo. Sus contratos empezaron el 18 de mayo y terminan el 17 de noviembre. Los primeros fuegos se desataron ya en julio, por lo que dedicaron apenas dos meses a tareas de prevención como la retirada de biomasa. Un trabajo que “non se notou”, aseguran.
Jornadas de 12 horas
Las olas de incendios encadenadas hicieron que el millar de trabajadores del servicio de extinción de la Consellería de Medio Rural se viesen obligados a realizar jornadas de de doce horas, según denuncian, “de forma sistemática”, “unhas veces xustificadas pola demanda urxente de efectivos en lumes activos e outras xa que rozaban o abuso por ser de vixilancia e e que se puido paliar con ampliar a contratación”.
“Tamén temos familias, hipotecas e fillos”, reivindican los brigadistas para exigir estabilidad laboral
Un servicio público de calidad, insisten, “debe ter a prevención como pedra angular das actuacións”, no destinar la mayor parte de los recursos a la extinción. “No noso distrito púñanse a disposición os medios aéreos que se quixeran mentres en terra houbo moitas brigadas incompletas”, denuncian.
Trabajar todo el año no solo permitiría mantener el monte en condiciones, sino dar estabilidad a mil trabajadores, “que tamén temos familias, hipotecas e fillos”, recalcan. Su continuidad permitiría aprovechar una experiencia que “no caso da prevención e da extinción é moi importante”, añaden.
Cuentan con el apoyo de las comunidades de montes, que defienden la necesidad de “buscar unha solución a un problema de causas estruturais que hai valorar a medio longo prazo”. Así lo considera el presiente de la Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais en Man Común, Xosé Alfredo Pereira, quien insta al conselleiro de Medio Rural a reunirse con todos los sectores afectados para “sentar as bases dunha política forestal axeitada para que os lumes non causen tantos estragos”.
Lamenta que el Gobierno gallego dejase este año a las comunidades de montes sin las ayudas específicas para contratar cuadrillas y aboga por que el apoyo de la Xunta les permita “ter presenza de persoal. Un monte onde hai persoas é un monte que non arde con facilidade”.
