Carlos Berride Meaños, un trabajador de marisqueo a flote de la cofradía de Carril, ha presentado un recurso administrativo de impugnación ante la Junta Electoral con el objetivo de entrar en la Xunta Xeral del pósito tras los pasados comicios en los que la lista de Villanueva consiguió 13 vocales frente a los 11 de la Candidatura Alternativa a la que pertenece el reclamante.
En el escrito, Berride Meaños explica que él y otros tres candidatos empataron a 8 votos. Eran dos hombres y dos mujeres. Estaban en juego dos vocalías y la Comisión Electoral decidió escoger a Pilar Bueno Acosta y a Begoña Barreiro Ferreiros “por supuesta aplicación de un criterio de preferencia del género femenino sobre el masculino en caso de empate”. “Ahora bien, dicho criterio selectivo no existe en la normativa electoral, pues en estos casos de empate de votos en un mismo colectivo y sector, las reglas de aplicación son las establecidas en el artículo 94.2.d) del Decreto 8/2014 de 16 de febrero”, esgrime Carlos Berride Meaños.
¿Género o antigüedad?
Ese artículo reza lo siguiente: “En caso de empate, se resolverá a favor del miembro del género infrarrepresentado en el centro del sector de producción; en el caso de persistir el empate, se resolverá en primer lugar a favor del miembro de mayor antigüedad, en segundo lugar a favor del miembro de mayor edad y, si fuera necesario, se resolverá por sorteo”.
Por ello el reclamante, integrante de la Candidatura Alternativa, considera que una vez que la Comisión Electoral “subió” a una mujer, al persistir el empate, el siguiente vocal en entrar en la Xunta Xeral debería ser él por ser el de mayor antigüedad (desde el 31 de enero de 1984).
Así, solicita la exclusión de Begoña Barreiro Ferreiros como candidata electa a vocal de la Xunta Xeral en el colectivo de trabajadores y sector de marisqueo desde embarcación y su proclamación definitiva en su lugar.
Excluir a Villanueva
Por otra parte, Berride también pide la exclusión de José Luis Villanueva Vicente como vocal en el colectivo de empresarios parquistas en virtud del artículo 80.3.B del Decreto de Cofradías por haber sido condenado por un delito de lesiones a un año y cuatro meses de prisión y a la “accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo”. La sentencia fue recurrida y está pendiente de que resuelva el Tribunal Supremo en casación.
