El sector mar-industria alimentaria gallega ha iniciado una desesperada carrera contra el reloj en busca de apoyos políticos para frenar la Ley del Cambio Climático, que según ellos puede significar una sentencia de muerte para cientos de empresas y autónomos, al reducir drásticamente los plazos de sus concesiones marítimo-terrestres. El presidente de Agade (asociación de depuradores gallegos), Roberto Fariña, afirma que las fuerzas en el Congreso están muy equilibradas entre los partidarios y los detractores de la ley, hasta el extremo de que avisó de la posibilidad de que, “partidos como Teruel Existe o Más Madrid -cuya marca en el Congreso es Más País- puedan decidir el futuro de la costa gallega”.
“Partidos como Teruel Existe o Más Madrid pueden decidir el futuro de la costa gallega”
El 9 de marzo se votó el proyecto de ley en la comisión de Transición Ecológica, y el resultado fue favorable al texto presentado por el Ministerio gracias a los votos a favor del PSOE, Podemos y fuerzas como la catalana ERC. El PP votó en contra, mientras que el BNG carece de grupo propio y está integrado en una amalgama de fuerzas, el Grupo Plural, que se abstuvo.
El sector está enormemente preocupado porque el tiempo se agota a marchas forzadas, y cada vez creen que hay menos margen para que se elimine el artículo 18 de la Ley del Cambio Climático, que afecta a las concesiones de Costas. “La votación definitiva será en dos o tres semanas”, aseveró Roberto Fariña.
Por ello, la recién creada Confederación Mar-Industria Alimentaria Galega ha iniciado una vertiginosa ronda de contactos políticos en busca de apoyos a su causa.
Roberto Fariña señala que ayer mismo hablaron con Bildu y que en los próximos días contactarán con Teruel Existe. También han llamado a las puertas del Partido Socialista de Galicia, “pero no nos responden”.
"Al PSdeG lo único que le pedimos es clemencia, pero no nos responden"
“Al PSdeG lo único que les pedimos es clemencia”, aseveró Fariña. En este sentido, emplazan a los diputados elegidos en Galicia para “que voten mirando para arriba, no para el suelo, y que antepongan los intereses de Galicia a los de su partido político”. Y es que si los congresistas socialistas gallegos votasen en contra de la ley, el Ministerio para la Transición Ecológica podría verse forzado a enmendar el polémico artículo 18, en el que según el sector, se reducen dramáticamente los plazos de las concesiones.
Roberto Fariña también concede mucha importancia a la capacidad del BNG para convencer a los demás partidos del Grupo Plural de que voten en contra de la ley, con el argumento de que puede ser una espada de Damocles para cientos de empresas (depuradoras, cocederos, conserveras, piscifactorías...), que dan empleo a miles de personas.
La Confederación está así intentando crear un frente afín a sus tesis, por temor a que el futuro económico del litoral de Galicia sea regulado por formaciones políticas de territorios que ni siquiera tienen salida al mar.
Apoyo del PP
El sector tiene asegurado el apoyo del Partido Popular. La formación organizó ayer al mediodía un acto con representantes del sector en Tragove (Cambados), al que acudió el portavoz de Cambio Climático en el Congreso, Diego Gago. Los conservadores plantean que, “la ley no solo altera la duración de las concesiones, sino que también deja la puerta abierta a que sea un órgano consultivo el que otorgue o deniegue las prórrogas con total discrecionalidad”.
Diego Gago manifestó que, “es un problema de intencionalidad política, y por lo tanto la solución es de voluntad política”. Envió recados tanto al PSOE como al BNG. Así, instó a los socialistas gallegos a convencer al Gobierno central de que retire el controvertido articulo 18 de la ley.
“Es un problema de intencionalidad política, y por lo tanto la solución es de voluntad política”
Sobre el Bloque, Gago lamentó que, “diga una cosa en Galicia y vote otra distinta en Madrid. Tiene que demostrar que tiene fuerza política para convencer al grupo parlamentario del que forma parte, porque hasta el momento no lo demostró”.
El portavoz del PP en Cambados, Luis Aragunde, alertó sobre el riesgo de que la ley cause la destrucción de miles de empleos.
El Partido Popular presentará en los próximos días mociones de apoyo al sector en la Diputación y los Ayuntamientos. Una de las primeras agrupaciones en hacerlo fue la de Vilagarcía.
Concentración en Cambados
La Praza do Concello de Cambados acoge a las 19.30 horas de hoy una concentración convocada por el Ayuntamiento. Desde la Administración local se indica que debido a la pandemia, solo se ha invitado a los portavoces de los grupos de la corporación, así como a los representantes del sector industrial. Además, el acto será emitido en directo por internet.
Fernando Otero: “¿Qué banco le va a prestar dinero a una empresa si solo le quedan siete u ocho años de concesión?”
Fernando Otero, que es abogado y secretario general de la Confederación Mar-Industria Alimentaria advierte de que la aprobación de la ley del Cambio Climático con el actual artículo 18 sería tremendamente lesiva para numerosas empresas. Pero, ¿por qué?
El letrado explica que en la Ley de Costas de 1988 se estableció como regla general que las instalaciones situadas en dominio público marítimo-terrestre que ya existían en ese momento tendrían un periodo de concesión de 30 años. Pasado ese tiempo, deberían retirarse del litoral o tramitar una renovación. También habría 30 años de permiso para las nuevas.
En 2013, y para adelantarse a la previsible extinción en cascada de las concesiones, el sector se sentó con el Gobierno central (entonces dirigido por el PP), y se aprobó la ley 7/2013, que permitía una prórroga de hasta 40 años para las empresas del sector de la alimentación. Esos 40 años empezarían a contar desde la solicitud de ampliación.
Los sobresaltos para el sector empezaron en 2018, cuando el actual Ministerio para la Transición Ecológica empezó a trabajar en un nuevo reglamento de Costas, que según el sector mantenía las prórrogas de las concesiones, pero con una diferencia fundamental. En vez de empezar a contar el tiempo desde la solicitud de la ampliación, empezaban a contar desde el inicio del permiso, ya fuese a finales de los años 80 o principios de los 90. En consecuencia, muchas empresas perdían de repente hasta tres décadas de autorización.
La presión social –y la proximidad de elecciones– lograron que el Gobierno frenase el nuevo reglamento, por lo que los empresarios pudieron respirar tranquilos. Hasta que en marzo del año pasado, en pleno confinamiento por el COVID, Fernando Otero se puso a leer el anteproyecto de ley del Cambio Climático y se quedó de piedra al leer en dos apartados del artículo 18 los mismos recortes en las concesiones que habían logrado frenar meses antes.
El sector se despertaba de nuevo inmerso en una pesadilla, solo que ahora el perro lucía un collar diferente. Y regresó el fantasma de la deslocalización al extranjero. “¿Qué banco te va a prestar dinero si solo te quedan siete u ocho años de concesión? Para invertir, las empresas necesitan un horizonte seguro, estabilidad y seguridad jurídica”, remacha Otero.
El sector insiste en sus argumentos de que son empresas, “totalmente sostenibles” desde el punto de vista medioambiental, en palabras de Roberto Fariña, y de que, “quien crea que una depuradora, un cocedero o una piscifactoría no tienen por qué estar al lado del mar es que no conocen Galicia”.
