Como la mayoría de municipios gallegos, Vilagarcía no dispone de una ordenanza de Inspección Técnica de Edificios (ITE) que garantice un buen estado de salud de los inmuebles. Pero el Concello no está dispuesto a que las personas o empresas que mantienen sus propiedades en pésimas condiciones -muchas veces con riesgo para los viandantes- no asuman sus obligaciones y queden impunes. Así, hay titulares que hacen caso omiso de los sucesivos requerimientos municipales, así como también de las sanciones económicas que conllevan esos incumplimientos. Por tanto la única solución para acabar con la insalubridad y la inseguridad de esas parcelas y edificios es que la administración vilagarciana actúe de oficio y entre en las propiedades para mejorar su estado.
Es el trámite que el gobierno de Alberto Varela ha seguido con la casa de la plaza de O Castro, cuyo dueño adeudaba en torno a 160.000 euros a las arcas municipales. En este importante importe se incluyen impagos de impuestos, multas por desatender las resoluciones del Concello para garantizar la seguridad del inmueble y también los 64.000 euros que costaron las obras de consolidación adjudicadas a Marconsa y sufragadas con dinero público.
Ravella le pasó la factura al propietario, pero una vez más, la respuesta fue la habitual, es decir, ninguna. Por ello la administración vilagarciana recurrió a un embargo de cuentas a través de la Agencia Tributaria que le permitió recuperar para la hacienda municipal parte de la cuantía adeudada, afirman fuentes del gobierno socialista. El problema es que el edificio ha cambiado de propiedad (de Técnicas del Vidrio a Tvitec System Glass, S.L.) y sigue acumulando impagos con el Ayuntamiento.
Recientemente el alcalde Varela anunció que también actuará de oficio en una finca insalubre de Os Duráns, objeto de múltiples quejas vecinales y con una deuda con las arcas públicas que roza los 45.000 euros entre multas e impuestos impagados. No obstante la situación es compleja. Por un lado está la necesaria limpieza y vallado de la parcela, y por el otro la seguridad de la estructura de hormigón que, según los informes técnicos municipales, no presenta riesgo a corto plazo.
Para realizar un estudio más exhaustivo (encargado a una empresa especializada) es necesario acceder a esta propiedad privada (de Residencial Villagarcía Centro S.L.), pero como la empresa no contesta a ningún requerimiento del Concello, se le notificará a través del BOE. Una vez publicado en el boletín oficial y cumplidos los plazos legales, el Ayuntamiento entrará en la parcela y la limpiará a costa del dueño.
Una vez que sea posible el acceso a este bien privado se podrá realizar el estudio en profundidad de la estructura de hormigón y sus conclusiones determinarán si se derriba -también con cargo al titular- o se mantiene, siempre con el solar vallado. El Concello pasará la factura a Residencial Villagarcía Centro S.L. de cualquier actuación que lleve a cabo.
El ejecutivo de Alberto Varela comprende el malestar que puede causar esta finca a los vecinos de Os Duráns, especialmente a los que viven en los alrededores, pero insiste en que "la administración y la justicia tienen sus plazos y garantías y que, en definitiva, se trata de una propiedad privada en la que el Concello solo puede actuar de forma excepcional".
