El Juzgado Naval Militar de Ferrol ordenó ayer el embargo del buque chipriota "Doxa" con la finalidad de obligar al armador a abonar los gastos derivados de las operaciones de salvamento ejecutadas el día del siniestro. Según han señalado desde Capitanía Marítima, este es un procedimiento habitual en este tipo de casos dado que se intenta de este modo presionar al armador del barco para que ejecute cuanto antes unos pagos que ayer mismo no se cuantificaban con exactitud.
Las tareas de salvamento que evitaron una desgracia mayor que la sucedida a bordo del mercante fueron ejecutadas a través de un espectacular dispositivo liderado por la Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos junto al servicio de Gardacostas, Capitanía Marítima, Ministerio de Fomento y Salvamento Marítimo de Fisterra. Además, en el operativo participaron también efectivos de los Bomberos y miembros de Protección Civil desplazados a propósito desde municipios como Vilagarcía y Boiro, al igual que la Guardia Civil y la Policía Judicial.
Cambios del procedimiento
Por el momento no se sabe la cantidad exacta que el armador debe pagar para que su barco quede totalmente libre de cargas y se vea posibilitado de esta forma a llevarlo al puerto en el que tiene pensado repararlo, aún por determinar.
Por otra parte, lo que sí es cierto es que Capitanía Marítima se ve atada ahora de pies y manos para proceder a la extracción de las 537 toneladas de gasoil que no se podría realizar, en todo caso, hasta que se levante la traba aplicada a la embarcación.
El capitán marítimo de Vilagarcía, Martín Rosales, señalaba ayer que este procedimiento está ahora paralizado y, de hecho, no garantizaba que se fuese a llevar a cabo en los próximos días. Por lo de pronto, el operativo de seguridad que se estableció poco después del atraque del mercante chipriota en el muelle de Ferrazo sigue activo con la finalidad de prevenir cualquier tipo de vertido que pueda repercutir negativamente en la ría.
Despliegue técnico
Después de que las labores de investigación por parte de la Guardia Civil científica terminaran tras una larga jornada de recogida de pruebas, un equipo técnico de doce personas de la empresa contratada por el armador -Tsavliris Salvage- estudiaban el estado real de la embarcación para su inmediata puesta a punto con la finalidad de que este pueda partir cuanto antes. Eso sí, sin saber que a última hora de la mañana se anunciaría un embargo que paralizaría toda intención de movilidad, al menos por ahora.
De todos modos esta empresa que ha llegado directamente desde Grecia no tiene pensado paralizar sus trabajos a bordo dado que el buque no está precintado. Los primeros pasos de los técnicos se han centrado en la parte más dañada tras el incendio (las dos primeras plantas y el puente de a bordo) con la finalidad de evaluar el daño real y hacer una estimación bruta de lo que puede costar su reparación, muchos especulan de que es muy próxima a los dos millones de euros.
Primeras hipótesis
Los técnicos de la empresa también tuvieron la oportunidad de comprobar "in situ" los desperfectos en el camarote en el que, según las primeras pesquisas, se originó el incendio y que está ubicado en el lado derecho de la segunda planta del buque.
Por su parte, la Guardia Civil ya ha remitido a los juzgados las declaraciones de los marineros que se completan con las de Capitanía Marítima que, a su vez, serán supervisadas por Marina Mercante que no descarta abrir una investigación paralela al respecto.
En Vilagarcía también permanecerán durante los próximos días miembros del equipo administrador del barco, también de nacionalidad griega, que serán los que en último término tendrán que arreglar todos los asuntos administrativos con la aseguradora del buque que ha estado estos días en contacto directo con ellos.
En la rada
Después del embargo ejecutado ayer por el juzgado vilagarciano es previsible que el mercante permanezca atracado en la rada arousana más tiempo de lo que se preveía inicialmente por lo que seguramente no será hasta mediados de enero cuando pueda irse. Eso sí, siempre que la armadora disponga de la cantidad suficiente para pagar a salvamento.
