La prórroga de la concesión de la AP-9 a Audasa hasta el 2048 es ilegal. Así se lo anunció el pasado mes de octubre la Comisión Europea al Gobierno nacional a través de una carta en la que le insta a “garantizar la correcta aplicación de las normas de la UE en materia de contratación pública y contratos de concesión”. Y es que esta ampliación se rubricó sin iniciarse previamente un procedimiento de licitación en el que concurriesen varias empresas.
Esta advertencia llega a colación de la denuncia presentada hace casi dos años por la asociación viguesa En Colectivo, que aspira a que la derogación de las ampliaciones de las prórrogas suponga el fin de los peajes. Según el derecho de la UE, la prórroga de un contrato de concesión equivale a una nueva concesión, que solo puede adjudicarse mediante licitación, extremo que el Gobierno español no llevó a cabo. Sus denuncian versan tanto por la ampliación a 2023 realizada por el Gobierno socialista como la última a 2048 rubricada por el gobierno popular.
En Colectivo instó entonces la devolución de los peajes cobrados durante este periodo ilegal de ampliación, ya que las mismas eran “ilegales”. Y es que de no haberse producido estas prórrogas, hace casi una década que la AP-9 tendría que haber sido liberada de sus peajes y ser gratis para todos sus usuarios.
La Comisión Europea otorgó un plazo de dos meses, que ha ampliado en otros dos, para que el Gobierno español presente alegaciones al respecto. En caso de no hacerlas, presentará denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ya conoce el antecedentes más próximo al español: Italia, sobre quien ya pesa una sentencia de la justicia Europea.
Hace escasamente dos semanas, Bruselas concedido a España dos meses extra para que justifique estas prórrogas. Por su parte, desde Audasa, la concesionaria de la Autopista del Atlántico, ya reveló que si se anula la concesión podría pedir más de mil millones de euros en compensación.
Llegan las rebajas a la AP-9 y el peaje en autovías
La gratuidad del viaje de vuelta en la Autopista del Atlántico y las bonificaciones a Redondela y Tui contrastan con la implantación de la viñeta en las autovías planteada por el Gobierno
18 meses después del acuerdo de Gobierno entre PSOE y BNG, los gallegos pagar menos al circular por la AP-9. El 2 de julio entraba en vigor el decreto que establecía un plan de descuentos y bonificaciones por 2.300 millones en la principal vía de comunicación de Galicia.
Estas medidas incluían la gratuidad en todos los trayectos de vuelta realizados en 24 horas y rebajas en trayectos como el de Vigo a Tui. Además, se cumplía el compromiso de liberar de peaje el trayecto a Redondela.
Esta medida congeló la transferencia de la vía reclamada por el parlamento gallego, pero mitigaba el precio de la autopista más cara de la red estatal.
Al mismo tiempo, el ministerio de Transportes anunciaba su intención de cobrar por la circulación en las autovías a partir de 2023, bien a través de un sistema de “viñeta” similar al de otros países europeos o con peajes cuyo precio sería de un céntimo por kilómetro para cubrir el mantenimiento de la red.
La medida fue rechazada especialmente por los transportistas y empresarios, ya que el carácter periférico de Galica conllevaría un encarecimiento de las importaciones y exportaciones. También se aplicaría en autovías semiurbanas como la A-55.
