Autopistas del Atlántico, la empresa concesionaria de la AP-9, ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) un informe adicional, a requerimiento del órgano supervisor del mercado, en el que detalla las consecuencias para sus cuentas del descenso del tráfico registrado este año como consecuencia de las restricciones impuestas a la movilidad para atajar la crisis sanitaria. Esta caída del tráfico, que pronostica que será del 27,71% al acabar 2020, es el argumento bajo el que justifica la reclamación al Estado de compensaciones para preservar el equilibrio económico. En el escrito plantea además como eventual fórmula de indemnización que se amplíe el plazo de la concesión más allá del año 2048, que es cuando expira el actual contrato.
Fuentes de la empresa sostienen que no se pide una prórroga, pero en el texto remitido a la CNMV se recuerda que el plazo de explotación de la AP-9 concluye en 2048, deslizando, acto seguido, lo siguiente: “salvo que fuera ampliado excepcionalmente como consecuencia de la solicitud de equilibrio”, abriéndose, por tanto, a esta eventual posibilidad para restituir el equilibrio económico como alternativa a una transferencia de fondos.
Al igual que las otras empresas que explotan las autopistas de la Xunta, bien con peaje directo o a la sombra, Audasa quiere se le compense económicamente por los menores ingresos derivados de las restricciones de movilidad dictadas por las administraciones. De hecho, la Autopista del Atlántico solicitó el pasado 30 de octubre al Gobierno central un resarcimiento, aunque por el momento, el Ministerio de Transportes no le ha respondido.
La Xunta, en cambio, ya ha denegado a las concesionarias de las vías de alta capacidad autonómica una compensación por la caída de tráficos e ingresos, si bien todas ellas han presentado sendos recursos ante el Ejecutivo gallego.
En su escrito a la CNMV, Audasa sostiene que durante el pasado año ha mantenido la AP-9 plenamente operativa por tratarse de una “infraestructura crítica de transporte” a pesar de que las distintas medidas adoptadas por las administraciones “imposibilitaron la ejecución del contrato en sus términos previstos”.
Así, asegura que entre enero y junio de 2020 el tráfico cayó un 37,48% con respecto al mismo periodo de 2019, llegando a mermar un 90% en las primeras semanas de vigencia del estado de alarma. Esta reducción del número de usuarios, precisa la empresa, provocó que la cifra de negocio disminuyera un 34,63% en el primer semestre hasta los 46,7 millones y su resultado de explotación, un 61,8%, hasta los 15 millones. En 2019, la concesionaria de la autopista ingresó 153,4 millones en peajes y logró un beneficio de 42,3 millones.
Audasa hace también una proyección de cómo acabará 2020, cifrando en un 27,71% el descenso de usuarios con respecto al año 2019. Además, calcula que hasta 2023 no se recuperarán los niveles de tráfico que había justo antes de decretarse el primer estado de alarma –en el mes de marzo– y que a partir de ahí trabaja con la hipótesis de un crecimiento de usuarios similar al de los años previos a la pandemia.
El Congreso debate el martes el traspaso a Galicia de la infraestructura
El pleno del Congreso debatirá el próximo martes la proposición de ley del Parlamento de Galicia –aprobada por unanimidad– que busca traspasar a esta comunidad autónoma la titularidad y las competencias de la AP-9. Según el orden del día acordado ayer por la Junta de Portavoces de la Cámara Baja, esta iniciativa se someterá a su debate y votación de admisión a trámite, su primer examen en el Congreso. Y es que, desde su aprobación por unanimidad en marzo de 2016 por el Parlamento de Galicia, esta cámara autonómica ha aprobado al menos otras dos leyes con el fin de lograr el traspaso, con el veto del entonces Gobierno de Mariano Rajoy hasta en dos ocasiones. Un veto levantado por el nuevo Gobierno del PSOE, tras la investidura de Pedro Sánchez en 2018, que permitió su debate ante el Pleno en diciembre de ese año. En esa votación, la iniciativa obtuvo el apoyo de todas las formaciones del Congreso, a excepción de Cs, que optó por abstenerse. Sin embargo, la disolución anticipada de las Cortes Generales, por la convocatoria anticipada de elecciones apenas unos meses después dio al traste con su tramitación. Concretamente, la iniciativa establece la transferencia a Galicia de la titularidad y las competencias sobre el régimen de concesión, y las funciones y servicios ejercidos hasta ahora por la Administración General del Estado.
