Incumplir la normativa de la Unión Europea puede salirle muy caro al Estado español. No así al bolsillo de los gallegos, que están cada vez más cerca de poder recorrer la AP-9 sin tener que pagar peaje. Esta es la pretensión que perseguía la asociación de consumidores viguesa En Colectivo –presidida por Diego Maraña y representada por los abogados Carlos Cenalmar y Antonio Heredero– con la denuncia que presentaron en 2019 ante Bruselas por las dos prórrogas que los gobiernos primero del PSOE en 1994 y luego del PP en el 2000 concedieron a la Audasa por la explotación de la autopista sin sacarla a concurso público o licitación previa. “Supone un hito para Galicia. Queremos que esto termine, que la AP-9 sea gratuita”, defiende Maraña.
La respuesta de la Comisión Europea ha sido tan clara en cuanto a la ilegalidad de la ampliación de esta concesión que junto al fin de los peajes, también ha llevado a En Colectivo a instar la devolución de lo cobrado “de forma indebida”–entiende la asociación– desde el año 2013, tiempo en que tendría que haber cesado la concesión y convertirse la AP-9 en gratuita. Audasa llegó a facturar desde entonces cerca de 1.100 millones de euros.
Las pretensiones de En Colectivo pasan por traducir dicha resolución de la UE en acciones concretas, pero sin aventurarse. Por el momento, España tiene dos meses para presentar alegaciones a este procedimiento infractor. Una vez concluya este periodo, la Comisión Europea empleará otros dos meses para emitir un dictamen motivado que puede dar lugar al archivo de la denuncia o a que prospere. Esto último supondría la apertura de un proceso judicial contra España ante el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) –cuya sentencia sería firme– y podría considerar nulas estas prórrogas con la consiguiente gratuidad de la AP-9 desde dicho momento, lo que convertiría en pública a la autopista.
También es posible que España no presente alegaciones, lo que supondría paralizar la concesión al reconocer este incumplimiento de la normativa comunitaria. Tanto Maraña como Cenalmor y Heredero no confían en que el Gobierno “actúe de buena fe” y no presente alegaciones, sin embargo les ven muy pocas o ninguna opción de prosperar así que no descartan que en plazo máximo de seis meses se ponga fin a la concesión y que la AP-9 pase a ser gratuita, algo que, señalan, “tendría que haber sucedido en 2013”.
“Teniendo en cuenta que el Tribunal de Justicia Europeo ha establecido que la prórroga de la concesión de la autopista italiana infringe la normativa europea, en el caso de las prórrogas de la AP-9, es muchísimo más grave, por tanto entiendo que España no va a tener razones que alegar a la comisión para hacer ver que las prórrogas son legales”, amplía el abogado Carlos Cenalmor, del bufete Gándara Moure.
La asociación viguesa En Colectivo, el pulmón de la denuncia
Esta asociación de consumidores nació en 2018 para agrupar a todos los afectados por los desvíos que durante semanas sufrió el aeropuerto de Peinador tras la desactivación del ILS (sistema antiniebla) por parte de Aena. Junto a esta reclamación llegaron otras, la más sonada fue la demanda contra Audasa por el cobro de los peajes en la AP-9 durante las obras del puente de Rande. Tras ganar en primera instancia, la Audiencia revocó este fallo. El caso está pendiente del Supremo. En la foto, su presidente Diego Maraña (centro) y los abogados Carlos Cenalmor (i.) y Antonio Heredero (d.).
Antecedente italiano
Este antecedente al que Cenalmor hace referencia tiene como protagonista al Gobierno italiano, quien amplió también la duración de la concesión de una autopista sin concurso público. En esta ocasión, sobre Italia ya pesa una sentencia que le obliga a cancelar la concesión la autopista. El proceso se encuentra ahora en ejecución de sentencia; en caso de que no la cumpla, el TJUE sancionaría a Italia con una multa económica diaria, extremo que podría extrapolarse a España. Ambos casos, si bien parejos, distan en la afectación de la concesión. Y es que mientras Italia amplió esta adjudicación en 36 kilómetros de vial, la AP-9 abarca hasta 216 kilómetros. “Para los gallegos es la columna vertebral del transporte; esta resolución de la UE marcará un antes y un después”, razonó Cenalmor.
A este respecto, la normativa de Europa es clara: la prórroga de un contrato de concesión equivale a una nueva concesión, que solo puede adjudicarse mediante licitación, extremo que el Gobierno español no llevó a cabo. Los aplazamientos concedidos entonces en los años 1994 y 2000 vulneran esta normativa comunitaria porque se debería haber convocado un nuevo concurso público. Y es que de no haberse producido estas prórrogas, hace casi una década que la AP-9 tendría que haber sido liberada de sus peajes y ser gratis para todos sus usuarios.
“Esto puede tener un efecto muy importante si se considera que desde 2013 ha sido nula (la concesión) porque pudiera ser que se originase un derecho por parte de todos los gallegos que hemos estado pagando. Podría considerarse cobro indebido la totalidad de los peajes”, precisó Antonio Heredero, de Balms Abogados, quien anima a los usuarios de la AP-9 a que se unan a una posible demanda colectiva contra Audasa y el Estado español para reclamar ese dinero.
Audasa
En este punto entra la disyuntiva de Audasa, la concesionaria de la AP-9 desde hace años. La denuncia de En Colectivo no versa sobre ella, ya que solo ha sido la empresa que ha recibido la ampliación de la explotación de la autopista del Atlántico como forma de amortizar las obras, nuevas salidas y accesos que se realizaron en ella con el paso de los años.
Sin embargo, sí tendría mucho que decir si se consideran nulas estas dos prórrogas. Y es que según En Colectivo, habría estado cobrando peajes “de forma indebida”, aunque bajo el permiso del Estado que fue quién concedió a dedo esta ampliación, por lo que no sería descabellado augurar un pleito entre Audasa y el Gobierno español en caso de que, primero, se declaren nulas las ampliaciones, lo que conllevaría la suspensión de su explotación hasta 2048 y segundo, se retrotraigan las actuaciones hasta el 2013, fecha en la que tendría que haber concluido la concesión sobre la AP-9.
Desde Audasa se han mantenido cautos sobre esta resolución, que entienden afecta únicamente al Gobierno, si bien ponen sobre la mesa la matización de que en el momento de las ampliaciones, “todas se hicieron cuando todavía era Empresa Nacional de Autopistas, del Estado a una empresa pública. Todas fueron antes de la privatización”, aclaran.
A este puzzle todavía le falta una pieza que desde En Colectivo ven poco probable: una nueva concesión para explotar la autopista previo concurso público. “Ningún Gobierno osaría hacer una nueva concesión, pues supondría un agravio comparativo con otros lugares de España como Cataluña, Andalucía o Burgos, donde sus autopistas pasaron a ser gratuitas una vez vencidas las concesiones”, aprecian.
Lo que no descartan es una licitación para su mantenimiento, pero en todo caso eso supondría unos peajes “infinitamente menores” . Por todo ello, los tres abogados presentes no dudaron en calificar de “hito” la apertura de este procedimiento por parte de la Comisión Europea, que puede suponer el final de un largo camino. “Esta iniciativa la ha planteado En-Colectivo a pulmón. No hemos tenido apoyo de ningún partido político ni de ningún gobierno y nos hemos sentado y les hemos comunicado la situación a todos”, puntualizó Maraña.
Reacciones
A este respecto, el presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo se pronunció sobre el expedientes infractor apuntando que la advertencia de la Comisión Europea afecta no solo a la prórroga realizada por el Gobierno del PP sino también a los socialistas. Por su parte, el portavoz del PSdeG, Gonzalo Caballero cree que es un intento de “esconder la cabeza” para ocultar que fue el PP el que “privatizó la AP-9 y amplió la concesión hasta 2048. El secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, le replica que deje de “torpedear” y facilite la transperencia de la AP-9 a Galicia.
