La Asociación Animalista Libera y la Fondation Franz Weber denuncia la aparición de caballos con cepos o "trancas" en sus patas en Cotobade y en el Parque da Natureza de Cotorredondo, en Vilaboa.

En el caso de Cotobade se ha recibido información de dos caballos con las patas atadas, impidiendo que los mismos puedan desplazarse con cierta velocidad, y constituyendo un posible peligro para los conductores en una irrupción viaria.

Los avistamientos en el entorno del Lago Castiñeiras incluyen una manada donde cuatro de los ejemplares portaban cepos de madera. Según la denuncia recibida uno de estos caballos tenía una grave lesión en una de sus patas, como consecuencia de la "pexa", que le impedía permanecer en pie.

La crueldad de los cepos ha sido denunciada en más de un centenar de ocasiones por las organizaciones promotoras de esta innovadora línea de avistamientos, que dispone de una página web donde técnicos especialistas gestionan la información y los datos, para facilitarlos posteriormente a los cuerpos de Seguridad.

La Asociación Animalista Libera y la Fondation Franz Weber han anunciado su intención de trasladar al Congreso de los Diputados nuevas iniciativas para rechazar estos casos de crueldad animal, movilizando a parlamentarios en defensa del fin de esta práctica.

Soluciones

A juicio de los animalistas las soluciones pasarían por que la Xunta de Galicia asumiera la custodia de los animales que portan cepos, identificando a sus responsables, y facilitando la creación de un "santuario" donde los caballos se pudieran rehabilitar y recuperar.

La falta de implantación del obligado microchip transpondedor, que sirve para localizar al responsable del animal, dificulta las acciones penales y las pesquisas de defensores de los animales y de las propias Fuerzas de Seguridad adscritas a la investigación del maltrato.

La colocación de cualquier artefacto en las patas del ganado es una práctica constitutiva de un delito de maltrato animal, por el cual los autores pueden ser condenados a un máximo de 12 meses de prisión e inhabilitaciones para el ejercicio de la ganadería y el comercio de animales de hasta tres años. Precisamente el Gobierno central ha iniciado los trámites para modificar el Código Penal, donde el artículo 337 incrementará sus penas.