15 de febrero de 2018
15.02.2018

Viaja de Melilla a Ourense en vano por un juicio suspendido por la huelga

La mujer, que demandó por una cláusula suelo, pidió certificados para estudiar una posible reclamación, según UGT -El paro aplazó ayer 39 vistas, varias hasta octubre y noviembre

15.02.2018 | 03:30
La asamblea de funcionarios de Ourense decidió ayer continuar con la huelga y "resistir". // FdV

El sexto día de la huelga indefinida de los funcionarios de justicia gallegos obligó a suspender ayer en la ciudad de Ourense otras 39 vistas y 8 declaraciones. Son casi 200 los juicios que se han aplazado en la ciudad de As Burgas desde el inicio del paro indefinido. La protesta de los trabajadores para reclamar a la Xunta un mayor salario y mejores condiciones laborales está paralizando la actividad en todas las jurisdicciones e incrementando el proverbial retraso de una administración lenta. Además causa perjuicios notables a ciudadanos, procuradores, abogados, peritos y testigos. Ayer, una mujer compareció para nada en Ourense para un juicio de cláusulas suelo tras viajar desde Melilla. Fueron 1.200 kilómetros de viaje en vano.

Según información de Manuel Carvajal, responsable gallego del área de justicia de UGT, la perjudicada demandó a un banco para recuperar la cantidad cobrada de más por la cláusula suelo de su hipoteca. El pleito fue tramitado en el juzgado de Primera Instancia 4 de Ourense, el Mercantil. La vista estaba señalada para ayer pero no pudo celebrarse por la huelga. El delgado de UGT asegura que la mujer pidió certificados para estudiar una posible reclamación del coste del viaje a la Xunta o al Ministerio de Justicia.

¿Por qué no se avisa a testigos como la mujer que atraviesa España para informarles de que quizá viajen para nada? Desde el comité sindical argumentan que el derecho a la huelga es individual de cada funcionario y privado. "Ninguno tiene la obligación de decir si participa en la huelga e incluso puede cambiar de opinión ese día".

No fue la única vista frustrada en el Mercantil. Según fuentes sindicales hubo que aplazar este lunes un total de 7 asuntos que iban a resolverse en sala. Al perjuicio de volver a citar a partes y testigos se suma el retraso acumulado: las vistas han quedado aplazadas para los meses de octubre y noviembre.

El juzgado Contencioso-Administrativo 2 de la ciudad había programado 8 vistas. Se suspendieron al igual que las 7 previstas en el Social Número 3, los 10 juicios señalados en Instrucción 3, los 4 del juzgado de Primera Instancia 3, así como 3 juicios previstos en el Penal 1 de Ourense, incluido el que iba a sentar en el banquillo a un árbitro y guardia civil acusado de robar carteras y efectivo en 9 partidos que pitó en Ourense en 2015. Los 19 testigos citados para esta vista acudieron para nada.

La huelga tampoco permitió que se practicaran ayer 8 declaraciones en el juzgado de Instrucción 2 de la ciudad. Sí pudo retomar su agenda de sala el Social Número 1. Según fuentes sindicales, la funcionaria de auxilió decidió trabajar y permitió al magistrado y al secretario celebrar las vistas señaladas.

El 90 % de la plantilla apoyó

El apoyo de los trabajadores de justicia a la huelga se mantuvo ayer en el 90,1 % de la plantilla. La Xunta rebajó el apoyo en toda la provincia al 40,15 %. Los funcionarios participaron a mediodía en una asamblea para informar de los últimos datos de la negociación con la Xunta -aún lejos del acuerdo- y confirmar la celebración de una manifestación de protesta, que hoy recorrerá a partir de las 12 la distancia entre el edificio judicial de la calle Velázquez y la sede de la delegación territorial de la Xunta, en la Avenida de la Habana.

Pese a que cada jornada de huelga supone una merma para cada funcionario de un mínimo de 60 euros en la nómina, el apoyo al paro indefinido se mantiene. "Seguiremos a muerte, resistir es la palabra", afirmaron ayer fuentes del comité de huelga de Ourense. En la reunión, un funcionario de la categoría de auxilio aseguró que mantendrá el compromiso con la iniciativa de protesta pese a ser el único que lleva un sueldo en su casa.

La Xunta, que muestra su disposición por dialogar, ofrece entre 816 y 1.080 euros anuales más por trabajador.

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