Lejos de constituir "un modelo" de racionalización del gasto para el resto de España, como indicó el día 10 de mayo el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, el portavoz del grupo del BNG, Leopoldo Rodríguez, sostiene que la institución ourensana que preside Manuel Baltar Blanco constituye la evidencia palmaria de que "la diputación más austera y más eficaz es la que no existe", debido a que con su supresión "se ahorrarían 66 millones de euros cada año" en la provincia de Ourense, que podrían invertirse en los 92 concellos que la conforman, en lugar de dilapidar la mayor parte de esos recursos en gasto corriente, "como ocurre ejercicio tras ejercicio".

Los nacionalistas responsabilizan al expresidente, José Luis Baltar, de dilapidar 2.000 millones de euros, a lo largo de los 22 años que permaneció al frente de la institución, mientras la provincia de Ourense figura a la cola en todos los índices de bienestar y desarrollo del Estado. Y sostienen que su hijo, Manuel Baltar, con la salvedad de algunos cambios cosméticos en las formas, continúa en la misma línea. Leopoldo Rodríguez acusa a Manuel Baltar de realizar un "uso abusivo de las subvenciones nominativas", en las que, según su criterio, "supera con nota a su antecesor, vulnerando las recomendaciones de la interventora y el espíritu de la ley reflejado en las bases de ejecución".

El BNG sostiene que el baltarismo "no ha desaparecido con la marcha de su inventor, sino que sigue más vivo que nunca", como instrumento clientelar al servicio del actual presidente del Partido Popular. La única mudanza que aprecia entre la política de Baltar padre y la de Baltar hijo es que Manuel Baltar cambió la política decimonónica de su progenitor por otra con más glamour: "cambió la boina por el ipad".

En el debe de Manuel Baltar, los nacionalistas anotan la contratación de 133 personas, "con la connivencia de la Xunta, vulnerando todos los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad".

Reprochan a Manuel Baltar que haya asumido más competencias, en materias que deberían atender la Xunta o la Administración central, para justificar la necesidad de la Diputación de Ourense, que se mantiene con un índice de endeudamiento próximo al 100%.

Leopoldo Rodríguez lamenta que el titular de la Diputación y presidente del PP "se muestre incapaz de hacer frente a casos de prácticas antidemocráticas e ilegales, contrarias a lo que predica, como ha ocurrido con el expresidente del Inorde y alcalde de Barbadás, José Manuel Freire Couto; el diputado y alcalde de Baltar, José Antonio Feijóo, y el alcalde de O Carballiño, Argimiro Marnotes", implicados en casos judiciales.

La descapitalización de la Diputación es otro de los males que atribuyen los nacionalistas a la gestión de Manuel Baltar, mediante lo que califican como "regalo de las fincas Santamariña, Docasar y Miramón", y "el regalo" de los centros ecuestres de A Limia y Vilamarín.

Leopoldo Rodríguez califica la política de personal de la Diputación como "un completo desastre", al acometer un Expediente de Regulación de Empleo, que fue anulado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, por lo que supondrá un desembolso económico superior a 400.000 euros, en concepto de indemnizaciones, y paralelamente contrató como asesor al responsable de "una gestión nefasta y negligente al frente de Urbaourense, chiringuito que además de servir para malvender el poco patrimonio que quedaba, producto del regalo del anterior presidente a Flager, deja un agujero económico de más de 20 millones de euros".

Los nacionalistas critican la política de privatización de servicios que ha emprendido Manuel Baltar, tras anunciar en el Plan Ourense 92 la externalización del servicio de recogida de basura, que "supone un caramelo nada despreciable de más de cinco millones de euros al año".

Leopoldo Rodríguez responsabiliza a José Luis Baltar de dejar como herencia política de los 22 años que permaneció al frente de la Diputación, una provincia que "lidera los rankings de subdesarrollo". Recuerda que cuando se hizo cargo de la institución, la provincia de Ourense contaba con 353.491 habitantes, frente a los 321.000 que tiene en la actualidad. "En los 22 años que permaneció al frente de la institución, la provincia perdió 30.000 habitantes, debido a la falta de expectativas laborales", señala.