La batalla sin cuartel, con munición cruzada a base de correos electrónicos, entre los dos viejos socios del servicio privatizado de ayuda a domicilio se propaga a un nuevo frente en los juzgados. La investigación penal sobre la privatizada prestación municipal ampliará el foco de la época anterior de concesión -entre 2007 y 2011-, en la que se coligen indicios de varios presuntos delitos y que un juez está desentrañando, a la actual contrata en vigor desde finales de 2011, resuelta en una millonaria adjudicación de hasta 16,8 millones de euros que marcó el desencuentro definitivo entre los dos empresarios y antiguos colaboradores, hoy muy mal avenidos y en pugna directa arrojándose culpas y responsabilidades el uno al otro que, a la par, sacan a la luz sospechas de presuntas irregularidades que afectarían a políticos y funcionarios del Concello de Ourense.

La magistrada de Instrucción Número Tres de la ciudad acaba de señalar las primeras declaraciones para investigar un presunto plagio que, presuntamente, resultó crucial para la concesión del servicio por parte del gobierno ourensano a la sociedad constituida por el economista y cónsul honorario de Costa de Marfil, Alberto López, -gerente antes y gerente hoy- y la firma multinacional FCC. La acusación parte de José Troncoso, su exsocio y está en relación con su impugnación por la vía contenciosa que ya ha pasado a fase de conclusiones, pero que podría verse paralizada hasta que se resuelva la fase penal. El empresario derrotado en la concesión estudia la posibilidad de pedir por escrito la suspensión del contencioso.

Troncoso culpa al gerente de plagiar su memoria y programa de explotación para concurrir al concurso público que, a la postre, acabó por otorgar la millonaria concesión a la UTE de López. Las dos propuestas, por ejemplo, coincidían en el precio exacto.

La magistrada ha programado para el próximo 7 de junio el interrogatorio de dos mujeres, una trabajadora del servicio que repetirá tras declarar en la investigación de la anterior contrata y en la vía contenciosa; así como una colaboradora de Troncoso. Las dos han sido citadas en calidad de testigos, reabriendo una investigación que optó por archivar de inicio. Tampoco había apreciado delito el fiscal jefe de Ourense, que sobreseyó la denuncia de Troncoso en octubre. La juez de Instrucción Número Tres se ha visto obligado a actuar por orden de la Audiencia Provincial.

El tribunal de la provincia consideró apresurado el archivo ante indicios de supuesta falsedad de declaración de servicios y datos patrimoniales y económicos aportados al Concello, presunta revelación de secretos y supuesto delito contra la propiedad intelectual. "El archivo se considera prematuro porque, en principio, están presentes rasgos de apariencia delictiva", repuso la Audiencia en un auto fechado a 1 de abril. Los jueces, en contra del criterio del fiscal, ordenaron averiguar si Alberto López plagió la memoria de su exsocio. La juez investigará por qué coincidieron documentos de dos ofertas distintas.