A punto de cumplirse cinco años del conocido como crimen de Barcia -ocurrió el 29 de octubre de 2010- la Audiencia Provincial aún tiene pendiente desde marzo la resolución sobre cuál será el límite máximo del cumplimiento de la condena de José Mouriño y Carmen Reboredo, acusados de la muerte de su hija, de la de un antiguo empleado y de quemar la vivienda familiar, además de poner en riesgo las vidas del hermano y la madre de ella, que fallecieron años más tarde.
Ambos están en prisión desde septiembre del año pasado, y a cada uno se les impuso una pena de 58 años. Pero hace siete meses que la Fiscalía y las defensas de los acusados presentaron sendos escritos en los que fijaban el límite máximo del cumplimiento de la condena. Para la acusación pública este tope es de 30 años, mientras que para los abogados de la defensa se cifra en 25.
Por otra parte, en diciembre se cierra el plazo de seis meses de que dispone el matrimonio para presentar un recurso ante la Corte Europea de Derechos Humanos, conocida también como el Tribunal de Estrasburgo. Es la única alternativa que les queda después de que en mayo el Tribunal Constitucional desestimase su recurso de amparo por presunta vulneración de derechos fundamentales. Los abogados de ambos están a la espera de que el matrimonio decida si recurre a Estrasburgo. De hacerlo, se basarán en cuestiones similares a las planteadas ante el Constitucional, "como que durante el proceso de instrucción se incorporaron declaraciones que ellos no habían realizado, al margen de que se detectan fallos en el propio proceso de instrucción", explica el abogado de José Mouriño, Xosé Manuel Lago.
