"Fallamos: que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación número 5219/2012 interpuesto por la Administración General del Estado y por el grupo empresarial Ence S.A. contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Nacional en fecha 19 de mayo de 2011, recaída en el recurso número 823/2010; condenando asimismo a los recurrentes en las costas". Es el fallo textual de la Sección Quinta del Tribunal Supremo tras el recurso de casación interpuesto por la empresa pastera y por el Estado contra una resolución anterior de la Audiencia Nacional a favor de Salvemos Pontevedra, que ordenaba iniciar el expediente de caducidad de la concesión para ocupar los terrenos de dominio público terrestre en Lourizán y decretaba la paralización de las actividades de la empresa en Lourizán no amparadas por un título habilitante.
Desde que la propia Ence hizo pública esta sentencia, el pasado viernes, asegurando que el Supremo se limitaba a ordenar la apertura de un expediente de revisión de la concesión, sin más añadidos, se han sucedido las interpretaciones de un fallo que incide de forma directa sobre el futuro de la pastera en la ría.
Ayer fue el propio colectivo Salvemos Pontevedra, promotor de este pleito, el que contradecía la versión de la empresa. En su opinión esta resolución supone que el Supremo ratifica la paralización de la actividad, algo que Ence considera, sencillamente, "falso".
"Desestimación íntegra
Aquella primera sentencia, explica Francisco Díaz, presidente de Salvemos Pontevedra, "la dictó la Audiencia Nacional en mayo de 2011 y admite nuestro recurso y condena a la Administración del Estado a proceder a la incoación del expediente de caducidad de la concesión otorgada en su día a la empresa Ence y, como medidas cautelares, ordena que se adopten las medidas legales oportunas para proceder a la paralización y cierre".
Díaz añade que la nueva resolución del Supremo "desestima íntegramente los recursos de casación del grupo empresarial Ence y de la Administración General del Estado, además les impone las costas, que han de repartirse por mitades, y da firmeza a la sentencia de la Audiencia Nacional del año 2011".
A partir de este momento, siempre según Salvemos Pontevedra, la administración de Justicia "dispone de 10 días para notificar a ambas partes la sentencia y a partir de ahí, en el plazo de otros 10 días deberá procederse a la ejecución de la sentencia".
En caso contrario, Francisco Díaz anuncia que pedirán la ejecución forzosa, un extremo al que, asegura, "no nos gustaría llegar". "La propia ley contempla que a partir de dos meses del plazo otorgado a la Administración del Estado para ejecutar la sentencia cualquiera de las partes podría pedir la ejecución forzosa" añade.
En opinión de Salvemos Pontevedra estamos ante el principio del fin de la concesión de Ence en Lourizán, no así de la empresa pero sí de la ocupación que hace de Lourizán. "Espero que sea el fin de esa industria contaminante ubicada entre Marín y Pontevedra, que es una auténtica barbaridad, la ría de Pontevedra podría ser y fue la más rica y bonita de Galicia y tal vez del mundo, y hoy está convertida en una cloaca y merece la pena luchar para que eso se revierta. Espero que esto no sea el fin de Ence, aunque creo que Ence está buscando cualquier excusa que le sirva de motivo para alguna situación traumática, no pretendemos el fin de Ence ni ninguna de las industrias que están allí ubicadas, aunque hemos conseguido sentencias incluso sobre la depuradora de Placeres, que es una auténtica barbaridad haberla situado en dominio público cuando la Ley de Costas expresamente prohibía esa ubicación, pero las administraciones públicas entienden que están por encima de la ley y nos han puesto una depuradora y un emisario submarino que ya tiene orden de los tribunales también para su desmantelamiento".
Efectos de la Ley de Costas
¿La nueva Ley de Costas, que rebajará los criterios de protección del litoral, afectará a esta sentencia y posibilitará que Ence continúe en la ría? Salvemos Pontevedra entiende que no. Muy al contrario, considera que "esto es un tema que pone que fin a este debate y a esta situación de una vez por todas, llevamos diez años, desde que iniciamos los procedimientos administrativos para que las administraciones públicas procedieran a poner orden en la situación de caos que había en las marismas de Lourizán y hemos conseguido una batería de sentencias de la Audiencia Nacional que nos llevan a la recuperación absoluta".
