En la ciudad donde resido, la Audiencia Provincial ha acordado confirmar dos autos de un juzgado de instrucción referidos a sendas denuncias presentadas por un militante socialista contra un famoso exalcalde de ese mismo partido y contra un amigo y socio suyo, que fue presidente de la patronal gallega. Y todo ello por supuestos ilícitos penales derivados de la actuación de ambos durante el proceso de expropiación de unos terrenos. El denunciante estimaba que el exalcalde habría favorecido deliberadamente a su amigo y socio, y calificaba esa conducta de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho.
No obstante, la Audiencia Provincial estima que en un caso los delitos atribuidos han prescrito, y en otro, confirma el sobreseimiento provisional acordado por el juzgado de instrucción. Pero, al mismo tiempo que hace eso, niega a los denunciados un pretendido derecho al sobreseimiento libre ya que "el hecho de que la imputación haya resultado insuficientemente fundada no puede determinar la inexistencia de tal imputación", dada la abundancia de vínculos afectivos y societarios entre los concernidos en el polémico proyecto urbanístico.
Un proyecto, concluye la Audiencia, que, visto el resultado de los numerosos procesos de reversión impulsados por antiguos propietarios, pone en evidencia que "no se ejecutó de forma correcta". La cuantificación de los gastos que el erario público debe afrontar por causa de las actuaciones urbanística del famoso exalcalde (polígonos, tratamiento de las basuras, convenio para venta de los muelles, puerto exterior etc., etc.) está por hacer, aunque se supone que la factura será muy elevada. De cualquier manera, parece que él no la pagará, ni siquiera en parte. En unos casos porque la responsabilidad (como acabamos de comprobar) habrá prescrito. Y en otros, porque los encargados de exigirla (me refiero a la clase política) no darán un paso al frente para iniciar el procedimiento.
Cuando el escándalo de la compra de su casa actual, el partido en el que entonces militaba se limitó a forzar su marcha al exilio dorado de una embajada; el principal de la oposición miró para otro lado; y el tercero en discordia, a la espera de gobernar en coalición con el primero, hizo mutis por el foro. La lista de asuntos resueltos por prescripción es extensa en la vida política y financiera de España. Recordemos el caso de Alberto Alcocer y Alberto Cortina, aquellos dos a los que se conocía por "los Albertos". Habían sido condenados por la Audiencia Provincial de Madrid y por el Tribunal Supremo como autores de un delito de estafa a sus socios en la compra de los terrenos donde se edificaron las llamadas Torres de Kio. Pero luego fueron absueltos por el Tribunal Constitucional, que estimó que el delito estaba prescrito.
Según el Constitucional la prescripción solo se interrumpe por la admisión a trámite de la denuncia y no por la mera presentación. Y daba la casualidad de que la denuncia había sido presentada el día antes de cumplirse la prescripción, pero no fue admitida a trámite hasta cuatro meses más tarde. La lista de beneficiados por la prescripción, o que esperan beneficiarse de ella (Urdangarín, Correa, Bárcenas, etc.), es extensa. Forman una auténtica banda. La banda de los prescritos.
