El concejal vigués del PSOE Ángel Rivas, responsable de las áreas de Limpieza, Parques y Jardines, y Distritos, ha acudido sobre las 9,05 horas de este lunes a los juzgados de la ciudad olívica para declarar como imputado en una causa sobre supuestas negociaciones prohibidas y prevaricación.
"Todas mis actuaciones se han cumplido siempre dentro de la estricta legalidad y en favor de la ciudad de Vigo", comentó a la salida de los juzgados el edil, "sin transgredir en ningún momento ninguna norma", apostilló. Rivas explicó que había contestado a todas las preguntas que le habían sido formuladas y que para él la declaración había sido una "oportunidad de poder dar todo tipo de explicaciones. Eso hace que estemos con la tranquilidad del deber cumplido con la ley". El concejal mantiene el respaldo de la corporación viguesa.
Además de Rivas, han sido citados para declarar este lunes los otros tres imputados en esta investigación que dirige el Juzgado de Instrucción Número 1 de Vigo. Dos de estas declaraciones han quedado pospuestas hasta el miércoles 22 de Octubre.
La investigación judicial se inició por la presentación de una denuncia de la Fiscalía, al ver indicios de posibles irregularidades en la contratación del suministro de hormigón, por parte de adjudicatarias de obras municipales, a la empresa de la que Rivas era gerente.
Asimismo, el Ministerio Público también ha pedido que se investiguen expedientes de adjudicación de obras y de reconocimientos extrajudiciales de crédito, ya que considera que la junta de gobierno recurría en exceso a este mecanismo.
Este lunes están citados a declarar el concejal, así como el jefe de área de la Concejalía de Fomento, Álvaro Crespo; y dos administradores de la constructora Movexvial (ahora Civisglobal), todos ellos como imputados. En próximas fechas está previsto que sean citados a declarar testigos.
Expedientes investigados
La investigación centra el foco en cinco expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito a favor de la empresa Movexvial (cuyos administrador y apoderado también están imputados), aprobados en Juntas de Gobierno. En esos casos, se aprobaron indemnizaciones a favor de la constructora por un valor total que supera los 527.000 euros, en el período comprendido entre el 17 de agosto y el 14 de diciembre de 2012.
Además de esos cinco expedientes, la Fiscalía ha pedido al juzgado que reclame otros 14 expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito (la inmensa mayoría del área de Fomento, aunque también de Patrimonio Histórico, Participación Ciudadana, Empleo y Turismo y Comercio), y que se identifique al funcionario o cargo que autorizó el gasto.
