El concejal de Parques y Jardines, Limpieza y Distritos del Ayuntamiento de Vigo, el socialista Ángel Rivas González, ha sido imputado por un juzgado de la ciudad olívica, que investiga la comisión de los supuestos delitos de prevaricación administrativa y negociaciones prohibidas para funcionarios, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del proceso.
Además de Rivas (que es concejal y secretario de organización del PSOE en Vigo), en esta causa, que investiga el Juzgado de Instrucción número 1 de Vigo, también están imputados un técnico de la concejalía de Fomento, y dos administradores de una empresa constructora.
El procedimiento se ha puesto en marcha a raíz de una solicitud de investigación presentada ante la Fiscalía de Vigo. Según ha podido saber Europa Press, dicha solicitud se centraría en supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación de obras municipales a empresas constructoras que, a su vez, subcontratarían a un empresa de hormigones (de la que el concejal fue directivo).
El ministerio público entendió que había indicios razonables de que se podrían haber cometido esos delitos, por lo que formalizó una denuncia. Ahora el juzgado de instrucción se hace cargo de la investigación, y ya ha citado a declarar a los cuatro imputados, que deberán presentarse ante la juez en octubre.
Polémica
En verano de 2012 se desató la polémica sobre la contratación de la empresa Hormigones Valle Miñor, de la que Ángel Rivas era gerente, por parte de constructoras adjudicatarias de varias obras de humanización en Vigo, una situación que fue denunciada por el PP.
Rivas emitió un comunicado en el que aclaraba que su empresa no tenía relación contractual alguna con el Ayuntamiento de Vigo y que él no estaba en las mesas de adjudicación de las obras en cuestión (aunque sí era miembro de la Junta de Gobierno que aprobó dichas obras). En cualquier caso, Ángel Rivas dimitió en aquel momento como gerente de Valle Miñor.
Al margen de esta investigación, se da la circunstancia de que el despacho de Ángel Rivas en el Ayuntamiento olívico fue uno de los registrados en el marco de la 'Operación Patos', que investiga la supuesta comisión de delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias en adjudicaciones públicas.
