Sin liquidez para pagar nóminas a los trabajadores, con inmensas dificultades para abonar atrasos a los proveedores de materia prima, EREs y adelantos en el pago del IVA en obras que no se cobran hasta transcurrido un año. O más. Las administraciones públicas deben a los autónomos gallegos 1.060 millones de euros, una cifra que en el conjunto de España se acerca a los 15.000 millones de euros. Se trata de un "nuevo récord histórico" en la cantidad que adeudan los organismos públicos a los trabajadores por cuenta propia, según denunció ayer la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

Galicia, con 982.000 autónomos según los últimos datos del INE, ocupa el quinto lugar del ranking por comunidades en volumen de deuda, aunque si se tiene en cuenta la cantidad total con respecto al número de trabajadores por cuenta propia registrados en la actualidad, se situaría en cuarto lugar. Cataluña, Andalucía, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana son primeras en la lista en volumen de deuda, no obstante, sus colectivos de autónomos y microempresas también son mayores en número que en Galicia.

El 80% de la deuda contraída en la comunidad gallega con este subsector procede de los ayuntamientos, y el resto se divide entre Xunta y Administración central. Los concellos son los que más trabajan, directamente, con autónomos y empresas pequeñas, mientras que las obras contratadas por la Administración autonómica, de mayor envergadura, dependen de empresas más grandes, según explican desde la Federación de Trabajadores Autónomos de Galicia (ATA).

Asfaltado, jardines o iluminación son algunas de las tareas que los municipios gallegos encargan a los autónomos. La crisis y los problemas presupuestarios en las administraciones tienen ahora sus consecuencias sobre la situación financiera de los trabajadores por cuenta propia, que se declaran "asfixiados" por el dinero que les deben, sin poder pagar a sus proveedores ni encargar más materia prima para sus próximas obras porque también los distribuidores empiezan a cerrar el grifo ya que "fiar" implica menos garantías de cobro que nunca.

Mientras en el resto de Europa los periodos de pago "se van acortando", según los datos de ATA, en España la tendencia es a retrasar la fecha del abono. Tanto es así que el periodo medio de pago de las administraciones se sitúa en 178 días (unos 6 meses). Por categorías, los municipios son los que más se retrasan en el abono a los trabajadores por cuenta propia, alcanzando los 296 días (10 meses). Les siguen las comunidades autónomas, con 151 días (unos 5 meses) y, "la mejor pagadora" es la Administración central, con un plazo de abono de las facturas de 87 días (casi tres meses). Otro de los agravantes es, según ATA, el adelanto de 1.819 millones de euros en concepto de IVA en España: "suponen un testimonio claro de que los autónomos y las microempresas están financiando a las administraciones, cuando debería ser al revés".