Stefano Cherici, italiano de 46 años residente en Valencia, era "sin ningún género de dudas", en palabras del grupo UCO de la Guardia Civil, el presunto cabecilla de una red que creó un entramado societario ubicado en España y Portugal con el fin de asentar su actividad comercial en el sector de los hidrocarburos y, de forma paralela y ficticia, en la compraventa de metales preciosos. Los investigadores sostienen que con una operativa tipo carrusel la organización habría defraudado 20 millones de euros en IVA de hidrocarburos. El operativo en el que cayó este hombre nacido en Arezzo se desarrolló en diciembre de 2016 en la localidad valenciana de Paterna, donde estaba la empresa que inició el "carrusel defraudatorio", la "base de operaciones" de la banda, pero también hubo despliegue de agentes en otros puntos de España. Y una de estas ciudades fue Vigo, donde se registraron cinco detenidos, entre ellos uno de los considerados "mano derecha" del líder.
El caso está en la actualidad en plena fase de instrucción judicial en la Audiencia Nacional. Con una veintena de investigados, el papel de los de Vigo, al menos según consta en la causa, no era precisamente menor. El atestado realizado por agentes especializados en delincuencia económica de la UCO de la Guardia Civil apunta a que el principal imputado de los de la urbe olívica es J. B. R.G., nacido en Venezuela, de 52 años de edad y que había fijado su residencia en un piso de la céntrica calle Rosalía de Castro. Siempre según estas indagaciones policiales, se le consideraba "socio principal" del líder en la trama defraudatoria de metales preciosos y su "mano derecha" en lo relativo a las sociedades trucha situadas tanto en España como en Portugal.
Como supuesto "responsable" de localizar a testaferros para estas empresas -entre otros importantes cometidos que le atribuyen los agentes-, este vecino de Vigo habría ofrecido ejercer este papel a su pareja, una paraguaya de 24 años, a la que poco a poco habría delegado otras funciones, como la de la paquetería relacionada con el comercio de metales preciosos. J. B. R.G. también se valió supuestamente de una expareja, una albanesa de 35 años con la que tenía una relación personal de "especial confianza", para que asimismo actuase como testaferro. De los pinchazos telefónicos la UCO deduce que a la joven su ex le pagaba una "nómina" de unos 2.000 euros por realizar este cometido.
Fueron más las personas sobre las que la Guardia Civil puso la lupa en Vigo en su investigación de más de un año. Hay otros dos hombres de la ciudad a las que se atribuye un papel relevante en la organización. Uno es un gestor en cuyo negocio se habrían hecho labores de gestión de las sociedades controladas por Stefano Cherici, así como "confección a medida" de facturación falsa generada en relación con los metales preciosos.
El otro vigués imputado se habría integrado de forma más reciente a la trama societaria. Los investigadores lo ven como "uno de los hombres de confianza y testaferro cualificado" del principal investigado de Vigo, realizando supuestamente "facturas falsas" y asesoramiento fiscal y empresarial.
Entramado de empresas
Junto a Valencia y Vigo, la red tenía ramificaciones en Alicante, Tarragona, Barcelona, Ponferrada (León) o Madrid, zonas todas ellas donde también se desplegó el operativo policial. Sobre el entramado de empresas que había montado la organización, junto a operadores al por mayor de hidrocarburos, en la trama se usarían sociedades de tres tipos: trucha, pantalla e instrumentales, según consta en este caso en uno de los autos judiciales emitidos en la causa a finales del pasado 2016. A juicio del magistrado, la organización, con parte de los fondos supuestamente defraudados a Hacienda, había adquirido "varias estaciones de servicio" a través de algunas de sus sociedades, éstas concretamente administradas por el propio Cherici o por su "principal lugarteniente", un hombre con residencia en Valencia.
La forma de actuar de este grupo, considera el magistrado en ese mismo auto, les facilitaría contar con "un amplio margen de abaratamiento" sobre el precio de venta de los carburantes", convirtiéndose de esta manera en "clara competencia desleal" hacia otras empresas del sector.
