Hasta 24 años de prisión, 16.000 euros de indemnización, pérdida de la patria potestad de las menores y prohibición de acercarse y comunicarse con ellas en menos de diez años. Esta es la pena que solicita el fiscal para el padre de dos niñas acusado de abusar sexualmente de ellas y también para la madre de las pequeñas por consentirlo. El juicio se celebra la próxima semana en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra con sede en Vigo.

Los hechos se sucedieron entre abril de 2008 y diciembre de 2011. Según recoge el representante del ministerio Público en su escrito de acusación, el padre de familia, "aprovechándose de la confianza propia de la relación familiar" se acostaba "de forma repetida" en la cama de las niñas y les hacía tocamientos, además de "frotar su cuerpo contra el de las niñas". Durante el periodo vacacional de las pequeñas, el acusado "realizó tocamientos con sus manos y sus pies en los genitales de las menores", recoge la Fiscalía en su escrito.

Estos episodios se produjeron presuntamente primero en el que era el domicilio familiar, sito en Redondela, y más adelante durante las visitas de las menores al domicilio del acusado cuando se divorció de su mujer. Sostiene el fiscal que los abusos "eran plenamente conocidos y consentidos" e incluso en ocasiones "presenciados por la misma". Apunta también el Ministerio Fiscal que la mujer se ausentaba largos periodos del domicilio "dejando a las hijas a solas con el padre y consintiendo que las menores durmieran con él".

Un año después de la supuesta consumación de los hechos, el Servicio de Familia y Menores de la Xunta declaró el desamparo de ambas menores y el Juzgado de 1º Instancia e Instrucción número uno de Redondela acordó medidas cautelares de índole penal que prohiben a los acusados aproximarse y comunicarse con sus dos hijas menores de edad.

Por estos hechos, los dos progenitores son acusados de dos delitos continuados de abusos sexuales, en los que concurren las atenuantes de especial vulnerabilidad por razones de edad y por la relación de parentesco que los une, por lo que el fiscal solicita una pena total de 24 años de prisión.