Cuatro años de prisión. Es la condena que pide la Fiscalía para una mujer y dos hombres de nacionalidad portuguesa acusados de explotar a un compatriota obligándolo a trabajar como "gorrilla" en Vigo. Este caso, pendiente de que se le ponga fecha de juicio por parte del Juzgado de lo Penal 1, se une a otro similar que también investigó la Fiscalía de Extranjería de la ciudad olívica en el que se detectó a otra víctima.
Los hechos por los que ya se ha formulado escrito de acusación, según se relata en el mismo, se remontan a enero de 2010 y tuvieron su origen en Portugal. Allí, en la localidad de Póvoa de Varzim, donde residía la víctima, la acusada, "con la connivencia" de los otros dos imputados y con el objetivo de "obtener un beneficio económico con la explotación de la mendicidad" de esta persona, le propuso que se trasladara con ellos a Vigo. Así, le ofrecieron un trabajo como aparcacoches, prometiéndole, afirma la fiscal, "unas condiciones de empleo falsas consistentes en 200 euros mensuales" .
El hombre, que padece "debilidad intelectual" y que procedía de un ambiente de "marginalidad y pobreza", accedió a ir con ellos creyendo que las condiciones que le ofrecían era ciertas. Pero una vez en Vigo, la realidad fue muy distinta.
Caravanas
En la ciudad olívica, los acusados se instalaron en unas caravanas próximas al Hospital do Meixoeiro. El Ministerio Público relata en su escrito que ubicaron a la víctima en un barracón "muy estrecho e insalubre, donde apenas cabía una cama". Además, le dijeron que les debía entregar todo el dinero que obtuviese con la actividad de aparcar coches, que debía ejercer en un parking próximo. Así, los imputados, que lo sometieron presuntamente a una estrecha vigilancia, le quitaron todo el dinero que el hombre obtuvo en su labor como "gorrilla". "En los dos meses que estuvo con ellos no percibió cantidad alguna de dinero", refiere el Ministerio Público.
Ante esta explotación, el hombre intentó huir una primera vez, pero no lo logró y los imputados llegaron a agredirle, aumentando la vigilancia y "encerrándolo" toda la noche en el barracón. El perjudicado, que como secuela sufre miedo reactivo a la situación vivida, consiguió, en otra ocasión, escapar a Portugal.
La fiscal imputa a los acusados delito de explotación laboral y, además de pena de cárcel, solicita que cada uno pague multa de 6.000 euros y que indemnicen de forma solidaria a la víctima con 3.000 euros. De forma alternativa, por si no prospera esta calificación, pide 3 años por delito de coacciones.
