La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a tres años de prisión y 60.000 euros de multa al arousano Marcial Dorado Baúlde y al extremeño Antonio Berrio por un delito de cohecho al intentar sobornar a dos guardias civiles entre 1997 y 1998 a fin de que les facilitasen la introducción de tabaco ilegal en España. Ambos condenados compartirán las costas del juicio, a la vez que se intervienen los 25.000 euros que entregaron a los agentes.
Esta es la primera condena para el histórico ex contrabandista arousano, que en su día reconoció haber abandonado la actividad al convertirse en delito y que carece de antecedentes al haber sido absuelto en todas las ocasiones en que fue juzgado. La sentencia, una vez que sea firme, conllevará su ingreso en prisión.
Contra la resolución, que recoge el veredicto de culpabilidad dictado en su día por el jurado e impone las penas solicitadas por el fiscal, cabe la presentación de recurso de apelación en el plazo máximo de diez días.
El fallo judicial considera probado que Marcial Dorado y Antonio Berrio, juntos y por separado, realizaron diversas entregas de dinero a los dos guardias civiles en Baiona, Santiago, Navalcarnero, Sevilla, Navalmoral de la Mata y Madrid. El importe total de estas entregas ascendió a 25.000 euros y tenían por finalidad que los agentes "les ayudasen y colaborasen en su actividad de introducir importantes cantidades de tabaco en territorio español eludiendo la vigilancia aduanera, por importe no determinado, pero en todo caso notoriamente superior al millón de pesetas".
El fallo judicial considera probado el delito de cohecho pese a que uno de los dos guardias civiles que denunciaron a Dorado Baúlde y que se encuentra en excedencia, se retractó en el juicio celebrado a principios del pasado mes de octubre en Madrid de lo manifestado en su día.
El juez considera que el agente "relata una versión de los hechos sesgada y distinta a la que en su día presentó y que se compadece mal con lo sucedido, como queda probado por la abundante prueba".
El fallo establece que Dorado Baúlde y Antonio Berrio Lajas "de común acuerdo idearon captar a funcionarios de la Guardia Civil, ofreciéndoles dinero a cambio para que les facilitaran la arribada a algún puerto español de grandes cantidades de tabaco que pretendían introducir en territorio nacional".
Las cantidades barajadas, añade, rondarían las 100.000 cajas con 50 millones de cajetillas. El objetivo, según la sentencia, estaba claro "buscaban contactos dentro del propio cuerpo para hacer la vista gorda o contrarrestar la vigilancia aduanera del lugar elegido, así como alguna operación policial que se iniciase contra ambos acusados".
