A medida que la crisis sanitaria avanzaba y las administraciones públicas ponían a disposición más y mejores datos, hemos ido sumando gráficos de todos los tipos para entender la evolución del coronavirus y su terrible impacto en la sociedad. Sin embargo, hay un mapa que hasta ahora no había sido posible elaborar en Galicia: el de los muertos por COVID-19 durante las tres olas pandémicas distribuidos por concellos. Pese al rechazo de la Consellería de Sanidade a ofrecer esa información, esos datos ya están disponibles.
De acuerdo con la estadística, que llega hasta 1 de junio, A Coruña, donde primero se detectó el SARS-CoV-2, es la más castigada de las ciudades gallegas. Tiene el mayor número de fallecidos, 291, y también la peor tasa de mortalidad de las siete urbes: 117,5 decesos por cada 100.000 habitantes. En este segundo criterio, eso sí, le sigue muy de cerca Ourense, con 116,4. Lugo es la que sale mejor librada: 39 óbitos en total y una tasa de 39,5 defunciones por cada 100.000 ciudadanos. En cifras absolutas, Vigo aparece después de A Coruña, con 212 decesos, pero en términos relativos es la tercera ciudad menos afectada, con 71,4 por 100.000 habitantes.
Los datos permiten ver con nitidez el daño que el coronavirus infligió en las residencias de mayores antes de su inmunización. Los concellos con peores tasas de mortalidad, mucho más elevadas que las citadas para las ciudades, cumplen todos con dos condiciones: tienen menos de 10.000 vecinos y alguno de sus geriátricos sufrió un brote masivo. Hay 11 municipios con más de 200 muertos por cada 100.000 habitantes; de ellos el caso más llamativo es el de O Incio, en cuyo centro de mayores irrumpió el COVID-19 en el comienzo de la segunda ola. Fallecieron 21 personas y la tasa se sitúa en los 1369,8 óbitos por 100.000 habitantes; por ponerlo en contexto, en el conjunto de Galicia ese valor se queda en 89,6. A la localidad lucense le sigue, con un valor relativo de la mitad, el concello ourensano de Pereiro de Aguiar, que sin embargo tiene el doble de muertes, 42.
Hay que llegar hasta el puesto noveno para encontrar un municipio de la provincia de Pontevedra con peor tasa de mortalidad. Es Salvaterra, con 250,2 y un número absoluto de 25 decesos. En su residencia también se desató un intenso brote de coronavirus, que además estuvo aderezado por denuncias sobre la atención a los usuarios.
La información del Sergas llega hasta al 1 de junio; desde entonces apenas se han producido una docena de muertes, así que en ese aspecto abarca prácticamente toda la pandemia. Sin embargo, tiene un déficit: solo aparecen los municipios en los que fallecieron más de 10 personas. La Xunta esgrime que en los ayuntamientos con menos óbitos se podrían “inferir por analogía datos personales de las personas fallecidas”. Son 50 los concellos que superan la decena de muertes, y entre todos ellos suman 1.737. Es decir, habría aún 785 fallecidos que no se podrían situar por municipio.
No obstante, elDiario.es publicó, a partir de información del Ministerio de Sanidad, los datos de fallecidos por ayuntamientos hasta el 26 de enero, sin el límite autoimpuesto por el Gobierno gallego. Son en total 173 concellos en los que, hasta esa fecha, habían perdido la vida 431 pacientes de COVID. Así pues, agregando estos datos, son 254 los que se quedan fuera de la distribución por municipios, un 10,5%.
¿Cómo se elaboró esta información?
La Consellería de Sanidade siempre evitó aportar los datos de fallecidos por concellos. Ante esa negativa, un redactor de FARO solicitó la información a través del Portal de Transparencia de la Xunta hace tres meses. La consellería insistió en resolver en contra de la solicitud y se limitó a remitir a su página web de datos de la pandemia, donde los óbitos aparecen por áreas sanitarias. Ante esta decisión, se recurrió ante la Comisión da Transparencia de Galicia, un órgano dependiente del Valedor do Pobo que vela por que las administraciones cumplan la ley en esta materia. A finales de mayo, la comisión decidió a favor de la reclamación. Tres semanas después el Sergas envió la información requerida a partir del lugar de residencia que figuraba en la tarjeta sanitaria del difunto, con la limitación explicada en los concellos con menos de 10 decesos.
