El fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, presentará esta mañana en el juzgado un escrito en el que justifica la reclamación de una fianza de responsabilidad civil contra Iñaki Urdangarin y su antiguo socio Diego Torres. Pide que abonen una fianza de 8.189.448 euros y que lo hagan solidariamente, pero con sus respectivos bienes, los dos antiguos socios principales de Nóos, así como el resto de empresas del grupo, incluida Aizoon, que los duques de Palma comparten a mitades iguales.

Horrach pretende que si no se abona esta cantidad se proceda al embargo de todos los bienes de los acusados, entre los que se incluiría el palacete de Pedralbes. El sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular a través de la abogada Virginia López, se suma a la petición del fiscal y también reclama la misma cantidad económica, así como el embargo de los bienes.

Pedro Horrach defiende en su escrito que Urdangarin y Torres deben devolver hasta el último céntimo de dinero público que recibieron de las instituciones, tanto del Gobierno balear como de la Generalitat valenciana, cantidades que hay que añadir los intereses, que se calculan sumando un tercio a la cifra total recibida. El fiscal defiende que no deben descontarse los gastos que tuvo que abonar el instituto sin ánimo de lucro por la organización de las jornadas sobre turismo y deporte celebradas en Palma y en Valencia.

El escrito del fiscal, al igual que hace el sindicato Manos Limpias, señala que el instituto Nóos recibió un total de casi seis millones de euros de dinero público gracias a que las administraciones quisieron beneficiar a Iñaki Urdangarin por su condición de integrante de la Familia Real. Anticorrupción defiende a través de un relato de más de cien folios, que todas estos proyectos se aprobaron alterando la legalidad y que en muchos casos también se manipularon los expedientes administrativos para justificar estos negocios.

Horrach detalla cada una de las partidas de dinero público que recibió el instituto Nóos y las administraciones que lo pagaron. Así, por ejemplo, de Baleares recibió casi dos millones y medio de euros por la organización de las jornadas turísticas y por la medicación que tuvo el duque de Palma para que el Gobierno insular patrocinara el equipo de ciclismo.

El resto del dinero lo recibió el instituto de Urdangarin por las tres ediciones que se celebraron en Valencia por las jornadas de ciudad y turismo, y por la organización de los Juegos Europeos que nunca llegaron a celebrarse, pero por los que se recaudaron 380.000 euros públicos.

Sin embargo, a pesar de que el fiscal pide que se devuelva todo el dinero público, más los correspondientes intereses, también plantea una solución alternativa. Horrach propone al juez, por si no está conforme con su inicial petición, que reclame a los dos antiguos socios que paguen todo el dinero público, pero que le reste a esta cantidad los gastos que tuvieron que afrontar, y que han podido demostrar con facturas, por la organización de los eventos en Baleares y en Valencia.

El fiscal ha elaborado este extenso escrito guiado, en parte, por un informe que han realizado los inspectores económicos del Estado, que sostienen que todo el procedimiento administrativo utilizado para maquillar los contratos públicos fue irregular. Horrach justifica que si todo el procedimiento fue ilegal desde el principio, no hay motivo para que la administración tenga que perdonarle al instituto Nóos el dinero que tuvo que gastar para la organización de los eventos en Valencia y Baleares. En el escrito se añaden todas las facturas y su correspondiente concepto que pagaron los directivos de Nóos.

Por último, el sindicato Manos Limpias señala que Iñaki Urdangarin se aprovechó de su condición de yerno el Rey para contactar con los responsables políticos, tanto en Valencia como en Baleares para proponerles sus proyectos y convencerles de que se financiaran con dinero público. También dice que se manipularon todos los mecanismos administrativos para beneficiar al duque de Palma, pese a que los proyectos que encabezaba no tenían el más mínimo interés público.