La administración central aumenta su capacidad de fijar los contenidos educativos hasta el 65% del currículo en el caso de comunidades con lengua cooficial y el 75% para el resto, según el anteproyecto de reforma de la enseñanza no universitaria aprobada ayer por el Consejo de Ministros y que generó la crítica unánime de toda la oposición parlamentaria.
La propuesta, presentada en rueda de prensa por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, señala que al Gobierno le corresponde el establecimiento de las competencias mínimas que deben adquirir los alumnos, los criterios de su evaluación y las proporciones curriculares señaladas como legislación básica.
En la Ley Orgánica de Educación, vigente desde 2006, al Gobierno le corresponden el 55% y 65% de los contenidos curriculares, según las comunidades.
Según Wert, la reforma precisa que las comunidades tendrán la capacidad de establecer las directrices pedagógicas, la organización de la gestión educativa y la porción de contenidos no atribuida al Estado. Y los centros decidirán fundamentalmente el método de enseñanza y concretarán los contenidos.
Clarificar competencias
El ministro argumentó en su intervención post-Consejo junto a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que se trata de una "clarificación definitiva" de las competencias respectivas de las distintas administraciones con responsabilidades educativas, tras años de "acumulación legislativa", señaló al referirse a las transferencias autonómicas.
Pero los porcentajes de responsabilidad en los programas interesan menos a los alumnos y a sus padres que otros asuntos. La reforma incluye el nuevo currículo escolar con reválida al final de la Primaria, al final de la ESO y como sustitución de la PAU, tras el segundo de Bachillerato, así como un adelanto en la elección de itinerario educativo, que será tras el 3º de la ESO. Habrá programas de Cualificación Profesional y de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento, a partir del final del 2º y del 3º curso de la ESO. En el cuarto de la enseñanza secundaria obligatoria el alumno debe elegir entre un curso de enseñanzas académicas o de enseñanzas aplicadas, según apunte al Bachillerato o la formación profesional.
En lo que a los currículos se refiere, cuestión que ayer despertó las iras de comunidades como el País Vasco y Cataluña, Wert rechaza que se trate de una "recentralización" o de una homogeneización de la educación, ya que eso sería "despojar" de competencias a las comunidades, e insistió en que se trata de articular nuevos instrumentos de evaluación desde el punto de vista de la "equidad territorial".
Subrayó la importancia de disponer de esos mecanismos de evaluación para conocer las diferencias de rendimiento del sistema educativo, y también de intensificar el diálogo con las autonomías.
"Hemos hablado ya mucho, pero vamos a hablar más", aseguró Wert, quien recordó que las comunidades tienen asumida íntegramente la gestión del sistema educativo y es por lo tanto "esencial" que se involucren en esta reforma. Wert explicó que la "dispersión de contenidos" educativos actual es inmanejable y causa "muy decisiva" de que el sistema no tenga los resultados apetecidos a pesar del aumento de inversión. También defendió el refuerzo de las materias instrumentales: Lengua, Matemáticas, Ciencias e Idiomas, un refuerzo -dijo- de todas las lenguas, las cooficiales y también la "común", en alusión al castellano.
El ministro justificó la reforma por las tasa de abandono escolar, que dobla la media europea, así que la mayor quiebra de la equidad es la que no permite alcanzar los objetivos mínimos educativos a una cuarta parte del alumnado.
También llamó la atención sobre el estancamiento de los resultados de los alumnos españoles en la evaluación internacional de alumnos de 15 años PISA, a pesar del incremento de inversión pública, que se ha doblado en un decenio. Todos los alumnos tienen talento, pero no igual, así que tienen que ser tratados de manera diferente para un aprovechamiento óptimo, comentó.
Recordó las diferencias de rendimiento entre las comunidades autónomas, sobre lo que ha llamado la atención la UE, y la "debilidad de una escasísima evaluación" del sistema.
Una ley de educación cada seis años, promovidas por gobiernos de UCD, PSOE y PP
Educación generó en más de 40 años seis leyes del sector y toda una ensalada de siglas. Algunas de las leyes de educación fueron efímeras, otras como la LOGSE hicieron historia. En algunos casos hubo leyes que convivieron. Lo que ayer aprobó el Gobierno como anteproyecto será la séptima aunque se revista de reforma. Se llamará la LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa).
La primera ley educativas contemporánea llegó todavía en la dictadura. Fue la Ley General de Educación (LGE), aprobada en 1970 y especialmente importante porque fue la que estableció la obligatoriedad y gratuidad de la educación básica hasta los 14 años. Nació la EGB, el BUP y el COU. En democracia, UCD llegó con su Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares (LOECE). Nombre largo para vida corta. Reguló entre cosas la organización de los centros y las asociaciones de padres de alumnos. El PSOE de Felipe González puso en marcha la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (LODE), de 1985. Fue la ley que promovió un nuevo sistema de conciertos educativos, en materia de admisión de alumnos.
En 1992 comenzó a aplicarse la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), que reguló la escolaridad obligatoria hasta los 16 años. Una obligatoriedad que, como se ve, tan sólo tiene dos décadas. Marcaba también el tope máximo por clase en 25 alumnos (antes se podía llegar a los 40). Los ciclos académicos que hoy conocemos, dentro de la vida escolar del niño, nacieron con la LOGSE: Educación Infantil (0 a 6 años), Educación Primaria (6 a 12 años), Educación Secundaria Obligatoria -ESO- (de 12 a 16 años) y Bachillerato, ciclo no obligatorio que iba desde los 16 a los 18 años, mismo periodo en el que se puede cursar la Formación Profesional de grado medio.
La Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los de los Centros Docentes (LOPEG) fue aprobada en 1995. No resultó fundamental. En 2002 fue aprobada la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE). Ya incluía una reválida al final del Bachillerato y la asignatura de religión evaluable y computable.
El PSOE se la llevó por delante con la Ley Orgánica de Educación (LOE), hoy en vigor. Pero por poco tiempo.
Llevar táper costará en Madrid
El Consejo de Directores de Colegios Públicos de Educación Infantil, Primaria y Especial de la Comunidad de Madrid ha elaborado una serie de recomendaciones para que los consejos escolares afronten con más facilidad la posibilidad de que los alumnos acudan con la comida elaborada de casa y han aconsejado a los centros que cobren una media de 3,8 euros por este servicio. Así consta en una circular enviada a los centros en la que han fijado el precio estimativo que podrían cobrar los centros a los niños que acuden con ´tupper´. Estos 3,8 euros se desglosan en 2,50 euros por la vigilancia y 1,30 euros por la gestión del comedor -en este concepto se puede incluir la energía (luz y gas), la utilización del menaje o el servicio de limpieza-.
