¿Basta una licenciatura en Derecho para ejercer como abogado? A la Unión Europea le parece que no, aunque en España haya sido tradicionalmente así. La tregua que permitía un aplazamiento de la entrada en vigor de la ley que regula el acceso a la abogacía se ha acabado y los que finalicen este año su licenciatura en julio o septiembre tendrán que afrontar lo que las asociaciones de alumnos consideran una "aberración": un máster de un año y medio de duración y un examen final que se convocará a nivel estatal de la misma manera que hasta se hace, por ejemplo, con médicos, psicólogos o enfermeros.
Aunque aceptan a regañadientes que los que cursan estudios de grado tengan que afrontar esa formación suplementaria, ni los estudiantes ni por ejemplo el decano de Dereito de la Universidade de Santiago consideran que sea justo que las promociones que todavía quedan de la antigua licenciatura, próxima a extinguirse, tengan que pasar por esos trámites extra para poder colegiarse y así ejercer como abogados o procuradores.
A pesar de que, según explica el decano de Dereito de Santiago, Luis Míguez, son una "minoría" los alumnos de la carrera que optan por litigar como abogados ante un tribunal como futuro laboral, serán muchos más quienes decidan asumir esos requisitos que ahora entran en vigor empujados por una sola razón: "por si acaso". Eso puede llevar a que las plazas sean insuficientes y acabe ocurriendo algo similar a lo que ya sucede en el caso del MIR, en el que este año el número de aspirantes que concurrían duplicaba el número de plazas que se ofrecían para médicos residentes.
Rubén Miranda, presidente del Foro de Alumnos de Dereito, la asociación estudiantil con más representación en la facultad compostelana, concede que no hay una postura unánime, pero que la mayoría de afectados "coincidemos en que la obligación de hacer un máster al finalizar la carrera es una aberración" y alega que lo consideran una "discriminación" con relación a los compañeros que "cursaron las mismas materias y el mismo plan de estudios y ahora son abogados o procuradores sin ningún requisito a mayores, aparte de colegiarse".
Solo la práctica
A pesar de que, como excepción, se ha aprobado que los licenciados no tengan que hacer la parte teórica, sino solo la práctica, la solución tampoco les convence. "Lo que no es lógico es que a las tres promociones de licenciados que quedan, tras cinco años de carrera, nos obliguen a hacer un máster que al final se reduce solo a las prácticas, excluyéndonos de su realización teórica", lamenta Miranda, quien, encima, critica que "a día de hoy", "aún no está concretado en qué va a consistir" la prueba que les exigirán al final de ese periplo "ni cuáles serán los contenidos mínimos exigibles".
Lo "razonable", al menos para las promociones de licenciados en extinción, sería –señala– que se los "eximiese de hacer tanto la parte teórica como la parte práctica", argumenta.
Asimismo, critica que "en la medida en que se establece una limitación de plazas para el acceso al máster, se atenta contra el carácter prácticamente liberalizado del ejercicio de las profesiones de la abogacía y la procuradoría". Porque cree que "presumiblemente" el examen discriminará a aquellos que no pudieron tener acceso al máster "porque no consiguieron entrar", dado que estos cursos tendrán las plazas contadas.
El decano de la facultad de Dereito de la Universidade de Santiago, Luis Míguez, cree que el que se impongan estas obligaciones a los nuevos graduados, que solo cursan la carrera cuatro años, se puede discutir, pero comparte con sus alumnos la percepción de que es "injusto" para los licenciados. "No tiene sentido que se les aplique a los licenciados ahora cuando a anteriores promociones no se les aplicó", señala. "Creo que no está bien aplicar ese régimen a la licenciatura. En tal caso, sólo se debería aplicar a los estudios de grado, quienes reciben una formación inferior, con un sistema diferente", afirma.
Además de la injusticia, Míguez también invoca al precio. Pese a que el máster estará organizado por las tres universidades gallegas, cada una en colaboración con los colegios de abogados correspondientes a su zona para organizar las prácticas, y los precios estarán regulados como en la enseñanza pública, el coste de cada crédito será más elevado que el de la carrera. "El precio supone añadir más trabas para la formación de los alumnos", reconoce. De hecho, el coste puede variar, desde los 1.670 euros que tendrán que abonar quienes estudien en la Universidad de Málaga hasta los 6.000 para quienes intenten aspirar a una de las escasas plazas que convocará la Autónoma de Barcelona.
También las plazas ofrecidas en Galicia serán limitadas. "Como se trata de una formación especial, tendrán que ser grupos reducidos", explica Míguez, quien adelanta que serán 40 en Lugo y otras tantas en Santiago para el primer curso. Claro que de la facultad salen unos 240 alumnos por año y, aunque admite que sólo una pequeña parte se colegian para trabajar como abogados, prevé que la demanda sea mayor "por si acaso", con lo cual, dice, "la desproporción entre estudiantes y plazas será muy grande".
Quienes aplauden totalmente la medida son los abogados en activo, a juzgar por lo que defiende el presidente del Colegio de Abogados de Pontevedra, Ramón Jáudenes, quien se manifiesta "totalmente favorable" a que se impongan estos requisitos. "Hay que garantizar que quien tenga que defender ante un tribunal un pleito tenga una capacitación suficiente", argumenta. Frente a ello, los estudiantes, como Miranda, alegan que ya existía una Escola de Práctica Xurídica que se encargaba de esa labor. Sin embargo, para Jáudenes, lo que trata de "suplir" el máster es la "carencia de formación eminentemente práctica que no se imparte en las universidades".
