Tres años de la ESO y tres de Bachillerato; otros tres años para la Formación Profesional de grado medio (uno más que ahora), y fin a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Fueron algunas de las novedades presentadas ayer por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, quien anunció la apuesta definitiva por el Estatuto Docente ("no digo que haya que castigar a los que lo hacen mal, pero sí que hay que premiar a los que lo hacen bien"), y dejó abierta la puerta para una posible concertación del Bachillerato.
El Estatuto de Docente será el marco normativo en el que se reconozca al profesorado la capacidad de "autoridad pública", un estatus con el que ya cuentan los docentes de algunas comunidades autónomas españolas.
A una pregunta del portavoz del PSOE en la Comisión de Educación en el Congreso de los Diputados, el Ministro aclaró que "la escolarización obligatoria seguirá fijada en los 16 años" pero sobre los conciertos en Bachillerato añadió que "vamos a ver qué mecanismo arbitramos. No nos aferremos a prejuicios sobre la conveniencia de extender la gratuidad".
El nuevo sistema fijará una escolarización obligatoria para los tres años de la ESO y el primer curso de Bachillerato o de FP. Para el PSOE todo ello se traduce en que "en la práctica se reducirá un año la formación básica". Para Wert es justo al contrario, porque el paso obligado al Bachillerato o a la FP será un acicate para muchos jóvenes a la hora de proseguir su formación.
El Gobierno ha dado la puntilla a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, como ya había dejado entrever el PP. El ministro de Educación anunció su sustitución por otra asignatura que versará sobre Educación Cívica y Constitucional. La nueva materia estará lista para el curso que viene y con la intención de que el nuevo temario esté "libre de cuestiones controvertidas y de adoctrinamiento ideológico", aseguró.
Los cambios anunciados en el Congreso no han gustado a ninguna de las principales asociaciones de padres que, por motivos bien distintos mostraron su disconformidad con las reformas educativas.
La noticia despertó ayer por la tarde una marea de reacciones, según la ideología de cada cual. Como ejemplos: la Conferencia Episcopal la calificó de "buena noticia", pero la Confederación de Padres CEAPA cree que la supresión de Ciudadanía "se produce para contentar a determinados sectores religiosos".
El presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres (CEAPA), Jesús María Sánchez, defendió que la asignatura sirve para difundir unos conocimientos que "protegen los derechos humanos de los niños" porque "la escuela no sólo está para enseñar conocimiento, sino que también debe "impartir educación y valores básicos de convivencia para todo el alumnado".
Respecto a la ampliación del número de años de bachillerato, Sánchez cree que los colegios más pequeños "van a perder un curso en detrimento de los concertados más grandes que tienen bachillerato".
El presidente de CONCAPA, Luis Carbonell, ha calificado el discurso del ministro de "inteligente y valiente" porque "se ha atrevido a decir que la reforma educativa no es cuestión de recursos económicos, sino de tomar medidas que permitan una mejor formación del profesorado, una autonomía de los centros y la especialización curricular". Sin embargo, Carbonell se ha mostrado "decepcionado" porque esperaba la supresión total de la asignatura Educación para la Ciudadanía en favor de materias más importantes como lengua o matemáticas.
A su juicio, los escolares deberían estudiar "los derechos y deberes constitucionales" pero de manera "transversal" y no en una asignatura concreta. También ha mostrado su decepción porque "ahora que se les está pidiendo a los españoles un esfuerzo fiscal muy importante era el momento de dar un tratamiento equitativo y justo a los alumnos de la red concertada y la red pública haciendo gratuito el bachillerato".
Por su parte, el jefe del departamento jurídico y portavoz de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza-Titulares de Centros Católicos (FERE-CECA), Luis Centeno, ha valorado que se modifique la Educación para la ciudadanía "tanto en su nombre como en su contenido".
En cuanto a la ampliación del número de años de bachillerato, ha lamentado que se haga "a costa de recortar la enseñanza secundaria" porque ello va a generar "un problema de estructura que se puede solventar con una reconfiguración adecuada de la ESO pero dentro de los cuatro años obligatorios" existentes hasta ahora.
"Creemos que para mejorar la cualificación de los alumnos se podría conseguir reformulando la ESO de modo que los tres primeros años fueran de enseñanza secundaria general y que el cuarto curso fuera preparatorio del bachiller", explicó. El presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, valoró en un comunicado la desaparición de Ciudadanía en sustitución de una asignatura que ayudará a los escolares a "conocer mejor nuestra Constitución".
