La Consellería de Infraestruturas y Augas de Galicia pueden seguir adelante con su plan de saneamiento de la ría, basado en la reforma de la depuradora de Placeres, una posible ampliación de ser necesario, la ejecución de otra planta en Poio que ahora depende del Gobierno central, y la construcción de un segundo emisario submarino. La conselleira Ethel Vázquez, aseguró ayer que cuenta con el beneplácito de la Unión Europea para mantener esta hoja de ruta, después de entrevistarse en Bruselas con la directora de Calidad de Vida de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Verónica Manfredi.
"Nos confirmó que se avanza en la dirección correcta", asegura la Xunta en un comunicado emitido al regreso de Vázquez de la capital belga. En la reunión con Manfredi, la conselleira expuso los "avances" realizados hasta ahora en el plan de saneamiento de la ría, que se concretar especialmente en la licitación de las obras de mejora de la planta de Placeres. La titular de Infraestruturas acudió a la cita con un informe en el que detalla que "existe un horizonte temporal posible y real señalado, una planificación y unas actuaciones programadas reales para conseguir el objetivo".
De este modo, la amenaza de la UE de aplicar una sanción económica millonaria al estado español por la contaminación de las aguas continúa "paralizada" ya que "nuestros avances fueron reconocidos de forma expresa por la Comisión Europea", según añade la Xunta. Eso sí, existe un límite temporal, fijado en su día en finales de 2020, para lograr que esa multa sea condonado. Ese plazo se presenta, a día de hoy, muy justo.
Calidad de las aguas
Aún así, Vázquez insiste en que en que desde 2009 hasta ahora "mejoró la calidad de las aguas" y en su informe a Manfredi detalló que aquel año "el estado de las aguas de las rías era bueno en el 67% de ellas y en la actualidad, el Plan Hidrológico dice que el 76% de las masas de agua de las rías está en buen estado". Con estos datos en la mano, la Xunta presume de que la administración autonómica y la Comisión Europea "se declaran aliados para avanzar en el saneamiento", aunque también se quiere implicar a otras administraciones, todo ello con el fin de mantener los fondos europeos.
La reforma de la depuradora ahora en marcha está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional ( Feder) en un 80%, en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020.
El documento con el que Vázquez acudió ayer a Bruselas apenas ofrece datos concretos de los "avances" esgrimidos, si bien apunta que "se han localizado y ejecutado ya actuaciones en la red de saneamiento que están teniendo una incidencia muy notable en la calidad del agua de la ría en tiempo seco. Estas actuaciones han conseguido que por primera vez todos los bancos marisqueros de la ría de Pontevedra tengan una clasificación A o B, según las directivas de moluscos, lo que ha permitido una actividad extractiva en condiciones adecuadas y una ría compatible con todos los usos que se desarrollan en ella".
Concesión de Costas
Expone además la hoja de ruta ya conocida: "mejora de la depuradora actual, licitada el 22 de marzo con un presupuesto base de 16.557.751,50 euros; y nuevo emisario submarino dimensionado para la situación actual y futura".
Al respecto, destaca que "el anteproyecto fue sometido a información pública y, una vez analizadas las alegaciones, se finalizó su redacción y supervisión" y añade que se ha solicitado a Costas "la concesión de nuevas ocupaciones de terrenos de Dominio Público Marítimo Terrestre, que está pendiente de su resolución desde mayo de 2018". También hace mención a la depuradora de Poio, declarada "de interés general del Estado en Galicia" y se trata ahora de un "proyecto y obra que debe financiar y realizar el estado".
Comisario europeo
La respuesta recibida ayer por la conselleira en Bruselas es muy similar a la que ofreció hace unas semanas el comisario de Medio Ambiente, el maltés Karmenu Vella a la europarlamentaria del Bloque Nacionalista Galego Ana Miranda.
El comisario Vella recordaba que el plan de la Xunta formaba parte "de las medidas para ejecutar la sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de marzo de 2016" que condena a España por el incumplimiento de las directivas en cuanto a vertidos y depuración de aguas residuales en varios núcleos, entre ellos la ría de Pontevedra.
Añade el comisario que "las autoridades españolas han determinado que la construcción de un nuevo emisario submarino y la ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de Placeres es la mejor alternativa a nivel técnico, económico y social y medioambiental para lidiar con la actual y futura carga contaminante de las aguas residuales en la ría de Pontevedra", afirmación que parece dar por válida la Comisión, aunque resalta, en cualquier caso, que esta decisión "corresponde a las autoridades españolas".
