"Altamente creíble". Así calificaron las peritos psicólogas el relato acusatorio que realiza una menor de edad que en abril del pasado año reveló a sus padres que estaba siendo, presuntamente, objeto de abusos sexuales por parte de su abuelo paterno en el domicilio de este ubicado en el partido judicial de Tui, concretamente en el municipio de A Guarda. Los abusos se habrían producido cuando la menor tenía entre 8 y 9 años de edad.
Aunque la declaración de la niña se desarrolló a puerta cerrada para proteger sus derechos y su intimidad, la joven, que declaró tras un biombo para evitar el contacto visual con su abuelo, ratificó este relato en el que señala diferentes episodios de abusos por parte de su abuelo, dado que así lo destacaron tanto la Fiscalía como la acusación particular en sus informes definitivos. Según explicó, le realizaba tocamientos y le daba besos en la boca a pesar de la negativa de la menor. También señaló que en una ocasión fue él quien le dijo que le tocase los genitales a él.
El acusado niega los hechos. Esta mañana en el juicio se acogió a su derecho a no declarar después de que el tribunal rechazase la petición de la defensa que puso en cuestión la exploración realizada en su día a la víctima y reclamaba una nueva prueba. Dijo que prefería no declarar al entender que no se habían realizado todas las pruebas que estimaba oportunas para poder defenderse con garantías.
Los padres de la menor explicaron en el juicio como la menor, después de uno de estos supuestos episodios de abusos, decidió contarle inicialmente a su padre (hijo del acusado) y posteriormente a su madre los hechos. La Fiscalía destacó el testimonio "contundente" de la menor, una palabra que también utilizó para calificar el informe de los forenses, quienes consideran que "no solo se cumplen muchos criterios" que permiten calificar el relato como altamente creíble, sino que "aparecen también otros muchos que en otros testimonios veraces no aparecen".
La Fiscalía y la acusación particular consideran probado que el acusado es autor de un delito de abuso sexual continuado a la menor. El Ministerio Público solicitaba inicialmente una pena de seis años de cárcel para el acusado, 9 de alejamiento y diez más de libertad vigilada, al tiempo que reclama su inhabilitación para el ejercicio de cualquier profesión que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por espacio de once años.
