Salvo que el Tribunal Constitucional determine lo contrario, Pontevedra deberá saldar con Sogama una deuda cifrada entre cuatro y cinco millones de euros por pagar durante años un canon menor del que facturaba esta empresa pública. Pero esa cantidad millonaria aún no ha dejado de crecer. Desde que Sogama aplicó el 1 de marzo pasado su "tasazo" por el que el precio de cada tonelada de basura trataba pasaba a costar 82 euros, un 34% más que hasta entonces, esa posible deuda ha crecido a un ritmo medio de 65.000 euros más al mes. Y todo apunta a que así se mantendrá hasta que el Tribunal Constitucional decida admitir, o no, el recurso de amparo formulado por el gobierno local contra la última y casi definitiva sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que daba la razón a la Xunta en el pleito sobre qué precio debía pagar Pontevedra: el que exige Sogama o el que el Concello calcula en función de su contrato especial.

Por el momento, la ciudad tiene todas las de perder y más desde el "tasazo". Mientras otros concellos han decidido emprender acciones judiciales o incluso devolver las facturas que remite la empresa, Pontevedra se mantiene en su postura original: concluir que el canon de 82 euros por tonelada debe aminorarse por la repercusión del precio de la energía eléctrica. De este modo, lo que en realidad paga Pontevedra son unos 54,4 euros, es decir, un 33% menos de lo exigido por la compañía. Así, en marzo, primer mes en el que la factura llegó con el nuevo canon de 82 euros, Pontevedra abonó 131.000 euros por el tratamiento de 2.408 toneladas de basura, mientras que Sogama facturó 197.700 euros. Al mes siguiente, en abril, Pontevedra remitió a la planta de Cerceda 2.346 toneladas de basuras y pagó por ello 127.600 euros, mientras que la empresa pedía 192.600.

Composteros

La planta de compostaje que el alcalde, Miguel Fernández Lores, acaba de pactar con el presidente de la Diputación, Rafael Louzán, tiene entre sus objetivos reducir el volumen de residuos que la capital envía a Sogama y reducir así la factura con esta empresa pública. Estas instalaciones, aún sin ubicación decidida, formarán parte del Servicio Provincial de Recogida de Basuras que promueve la Diputación y al que ya se adhirieron unos 20 municipios, aunque no el de Pontevedra.

Precisamente ayer, la institución provincial anunció la próxima adquisición de 1.300 composteros domésticos para su reparto entre esos municipios, a los que anima también a sumarse a la planta de compostaje una vez que está en marcha. "Pero mientras tanto, tendrán ya ocasión de apostar por la reutilización de los residuos orgánicos". Entre los concellos ya adheridos se encuentran Barro, Cotobade y A Lama, dentro de la comarca, junto a otros como Cerdedo, Ribadumia, Valga o A Estrada.