Áurea Soto fue la concejala que gestionó el urbanismo de Ourense entre 2007 y 2015, con la resaca del anterior plan de ordenación que tumbaría el Supremo, y el reto de sacar otro adelante que librara a la ciudad del limbo urbanístico en el que aún sigue sumida, porque la aprobación definitiva del PXOM iniciado en el anterior mandato queda descartada para este. La exedil se ve de nuevo en el banquillo de acusados por la querella de un promotor. En esta ocasión, la Fiscalía solicita su absolución. La empresa la culpa de prevaricar por dar licencia en 2011 a la residencia universitaria del campus de Ourense, pese a que la gran parte de las obras de urbanización no se habían ejecutado. Áurea Soto propuso a la junta de gobierno local el permiso porque los informes eran favorables. "A mí no me chirriaba nada", manifestó en su interrogatorio. "Confiaba en el servicio plenamente".
La acusación particular, con intereses urbanísticos en la zona del campus, representada por el abogado Antonio Feijóo Miranda esgrime, entre otros extremos, que el informe de ingeniería era desfavorable y que la licencia fue otorgada pese a que con la falta de obras de urbanización se ponía en riesgo la seguridad ante una posible evacuación. "La calle tiene un acceso más ancho que muchas calles de Ourense. Cabían tres coches de bomberos. No hay por qué llegar a todas las fachadas para cumplir con la seguridad", argumentó la exconcejala del PSdeG.
La exedil recordó que la tramitación de los expedientes corresponde a los técnicos "y los funcionarios del servicio entendieron" que la seguridad estaba garantizada. Solo se ejecutaron obras para permitir los accesos "en 46 metros lineales de más de 4.000", según recalcó el letrado de la acusación. El resto de la parcela estaba a monte.
La residencia universitaria fue inaugurada en esas condiciones en época del PP, a principios de siglo. Hasta el año 2016 no se ejecutaron las obras del entorno. Áurea Soto negó ayer en el juicio haber dado órdenes a técnicos del Concello para impulsar la licencia de ocupación y apertura a favor de la empresa concesionaria. "Nunca he presionado ni exigido a los técnicos, jamás lo he hecho, ni tampoco conmigo lo han hecho nunca. Esas son costumbres de otros".
La acusación particular solicita un año de prisión e inhabilitación pública para la exconcejala y para el otro coacusado, Bienvenido J. F. G., que ejerce de trabajador interino en el Concello de Ourense e hizo un informe a favor de la licencia. Según su explicación, al existir un informe favorable de la aparejadora municipal sobre la residencia universitaria, "entendimos que cumplía la normativa de seguridad". La urbanización no se ejecutó pero propuso igualmente el permiso porque la falta de esas obras se debía a que la empresa no disponía de los terrenos y no podía ocuparlos para hacerlas.
El "criterio" en urbanismo con este y otros equipamientos era dar licencia cuando existe la "imposibilidad" de ejecutar los trabajos de urbanización. Esta versión la avalaron, con algún matiz, el trabajador que redactó el informe -aunque lo firmó el coacusado-, en régimen de asistencia técnica, así como una funcionaria que entonces estaba en el área de planeamiento, y que actualmente ejerce en la Diputación.
El asistente técnico destacó que el informe de los bomberos era favorable y que, según el de la aparejadora, se cumplía el proyecto de obra. Eran "conscientes de que faltaba un trozo de la urbanización", según este testigo, pero se decidió resolver dando licencia porque la empresa concesionaria no disponía de los terrenos para ejecutar las obras de urbanización. "Si se hubiera podido se hubieran hecho, pero existía esa imposibilidad". Y se aplicó el "criterio" del área", confirmó este testigo.
Esa interpretación urbanística de autorizar ocupación y apertura sin que se cumpliera con la urbanización, cuando era imposible por no disponer de los terrenos suficientes, "dependía del caso concreto, en el que se interpretaban las circunstancias", según la funcionaria que formaba parte en aquella época del área de planeamiento. Era un "criterio", inexistente por escrito más vinculado a equipamientos de suelo urbano no consolidado.
Varios exediles como testigos
El juicio por presunta prevaricación convocó a varios exconcejales de Ourense en calidad de testigos de la época del PP. Otros, de la etapa del bipartito, como Marga Martín y Ana Garza, acudieron a mostrar su apoyo a Áurea Soto. La vista se retoma hoy con dos testificales, periciales y conclusiones.
