En Ourense, una magistrada estudia si el vertido mortal del Barbaña en 2009 (murieron 17.013 peces y 5,6 hectáreas resultaron afectadas) se salda con absolución o condena a dos encausados. En Verín, la juez de Instrucción 2 ha abierto diligencias de investigación por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por los vertidos al río Támega. El último de consideración, en Laza, de residuos de las obras del AVE, registrado en mayo.
La juez Raquel Arias actúa tras una denuncia de la CIG y recaba documentación a varios organismos, incluida la Confederación Hidrográfica del Duero (el organismo de la cuenca del Támega) y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Según su criterio los vertidos denunciados "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de contra los recursos naturales y el medio ambiente". En un auto de 9 de julio, acuerda las primeras diligencias "no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido".
Pide al Adif que aporte el "listado de las empresas adjudicatarias de la obra de Alta Velocidad Ferroviaria que lleva a cabo los tramos que recorren el Ayuntamiento de Laza".
