08 de agosto de 2017
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Golpe de mano del abogado de Saúl e Irene Giménez Jiménez

Conde-Pumpido recusa al juez Laya por "enemistad íntima" con los Morones y pide apartarlo de la causa

También atribuye al instructor "amistad íntima" con la fiscal e imparcialidad en la causa -El juez lo admite a trámite y hoy tomará las declaraciones su sustituto, titular del juzgado número 1 -La Audiencia tendrá la última palabra

08.08.2017 | 02:45
Cándido Conde-Varela, abogado de Saúl e Irene Giménez Jiménez, ayer, en el juzgado de Cangas. // S.Á.

La toma de declaraciones a tres de las 26 personas investigadas por sus supuestas relaciones societarias con el clan de los Morones pasó ayer a un segundo plano tras presentar el abogado Cándido Conde-Pumpido, defensor del encarcelado Saúl Giménez Jiménez y, desde ayer, también de su hermana Irene, un incidente de recusación contra el magistrado que instruye la causa y titular del Juzgado número 3 de Cangas, David Pérez Laya. Le atribuye "enemistad manifiesta" con su representada y el conjunto de su familia y con los letrados personados en la defensa de los investigados, así como "amistad íntima" del juez con la representante del Ministerio Fiscal. Conde-Pumpido reclama al órgano judicial competente -en este caso la Audiencia Provincial- que atienda a sus razones y "aparte definitivamente" a Pérez Laya "del conocimiento de las presentes diligencias previas".

La tirantez en las relaciones profesionales del abogado de parte de la familia Giménez Jiménez con el magistrado es más patente desde que Pérez Laya fijó los nuevos interrogatorios para este mes de agosto, cuando los Juzgados solo suelen atender asuntos de urgencia. Esa premura, entiende Conde-Pumpido, dificulta los desplazamientos de letrados que disfrutan del período vacacional y se ven incapaces de revisar todo el expediente, lo que repercute en la "indefensión" de sus clientes. Asegura que sus peticiones y recursos para intentar suspender las comparecencias no han dado frutos y confía en que la recusación del instructor prospere y Pérez Laya tenga que dejar el puesto a otro magistrado.

El incidente de recusación ha sido admitido a trámite por el propio juez y deja provisionalmente el asunto en manos del titular del Juzgado número 1 de Cangas, Adriano J. Alfonso Rodríguez, que abre tres días de plazo para que tanto la fiscal como las demás partes personadas manifiesten si se adhieren o se oponen a las causas invocadas. El primero en posicionarse ha sido el abogado cangués Alfredo Iglesias, que ejerce la defensa de uno de los testigos protegidos. Se opone rotundamente a la recusación de Pérez Laya, que, dice, "es una vieja aspiración de la defensa de los Morones" con el objetivo de "poner trabas y dilatar una instrucción modélica, con el auxilio inestimable de la fiscal Susana Unzueta Albo", de la que destaca una actuación "impecable, profesional y entregada" para investigar esas conductas de apariencia delictiva. En cualquier caso, se mantienen las comparecencias previstas para hoy, atendidas por el juez sustituto.

El encargado de instruir el incidente de recusación será un magistrado de los que integren el Tribunal correspondiente, designado en virtud de un turno establecido por orden de antigüedad. En este caso, es Adriano Jacinto Alfonso Rodríguez, que debe comunicarlo a las partes y dar tres días de plazo para posicionarse. Si el recusado acepta como cierta la causa de recusación, se resolverá el incidente sin más trámites. En caso contrario, el instructor puede ordenar la práctica, en el plazo de diez días, de las pruebas pertinentes y, acto seguido, remitirá lo actuado al tribunal competente para que decida. En este caso sería un magistrado de la Audiencia Provincial, designado en virtud de un turno establecido por orden de antigüedad.

De la tramitación de este incidente de recusación puede derivarse dos consecuencias, según las fuentes jurídicas consultadas: El auto que estime la recusación, si fuera el caso, apartaría definitivamente a David Pérez Laya del conocimiento de la causa en la que están implicados los Morones y pasaría a quien corresponde sustituirle, que es su compañero y titular del Juzgado número 1. De lo contrario, el auto que desestime la recusación contra Pérez Laya acordará devolver al recusado el conocimiento de la causa que está instruyendo y condenaría en las costas a Irene Giménez Jiménez, defendida por Cándido Conde-Pumpido. Y si la resolución que decida el incidente declara expresamente la existencia de mala fe en el recusante, se le podrá imponer a éste una multa de 180 a 6.000 euros.

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