El conflicto de los denominados leiraparkings o aparcamientos en las inmediaciones de las playas de Cangas no ofrece muchas complicaciones al gobierno. Tanto la concejala de Obras y Servicios, Mercedes Giráldez (BNG), como la de Medio Ambiente y Turismo, Tania Castro, apuestan porque los titulares se den de alta en la Seguridad Social o en Autónomos. Así se lo manifestaron el lunes a una pareja de afectados que llevaba desde el mes de abril solicitando permiso al Concello para intentar abrir uno de estos aparcamientos sin que obtuviera una respuesta. Ellos quedaron satisfechos con la respuesta y continuarán con los trámites.

Mercedes Giráldez es consciente de que el de los leiraparkings es un problema complejo que para el próximo año habrá que afrontar de otra manera. De la misma opinión es Tania Castro, que sabe que existen estos aparcamientos o el colapso en las playas los fines de semana sería total.

Una sentencia judicial pone de manifiesto los conflictos que generan los aparcamientos de playas. Se trata de uno hechos ocurridos el día 12 de agosto de 2013, cuando una pareja joven de veraneantes decidió estacionar su vehículo, por equivocación, dentro de una de las numerosas fincas situadas en la playa de Menduiña, que sirven de aparcamiento a los bañistas. Los hechos que se juzgaron hablan de que los dueños de la finca impedían salir al vehículo de la finca que era particular y no se utilizaba para parking. Lo hicieron atrancándole el paso con otro coche. Los veraneantes llamaron a la Guardia Civil para poder salir y alertaban de que su hijo tenía fiebre. La presencia de la Guardia Civil no intimidó a los propietarios y los agentes de la benemérita tuvieron que presentar una denuncia por desobediencia a la autoridad y se tramitó un juicio por faltas que en juzgado número 3 de Cangas resolvió a favor del Ministerio Fiscal, que entendía que hubo desobediencia a la autoridad. "Los agentes piden a los propietarios su identificación a lo que éstos se niegan en todo momento, mofándose de los agentes y diciendo que les daba igual que el niño estuviera enfermo", señalan los hechos probados.

Pero la Audiencia Provincial de Pontevedra absuelve a los propietarios. Dice que ya hubo un expediente de la Subdelegación del Gobierno, pero que "debe ser nesta vía administrativa onde se teñen que depurar as posibles responsabilidades polo sucedido, e non neste sempre restrictivo eido penal. Contribúe a isto o feito de que non se especificaron por ningures en qué consistiron as precacións ou os xestoa descualificativos denunciados para cos axentes, nin moito menos se alude a insutos, vexacións, ameazas ou forcexeos".