04 de junio de 2015
04.06.2015

Costas intenta recuperar la parcela de un astillero en Meira y la familia lo impide

-Funcionarios acuden a la carpintería de ribeira tradicional para asumirla como propia -La titularidad se encuentra en los juzgados, por lo que se paró la toma de posesión

04.06.2015 | 02:13
El astillero tradicional afectado, junto a la vivienda de la familia. // Gonzalo Núñez

Funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente se personaron ayer en la carpintería tradicional de ribeira conocida como "Astillero de Victorio", situada en Meira, en las inmediaciones de la isla de Samertolaméu. Tenían la intención de tomar posesión para la Dirección General de Costas de este astillero cuya titularidad se encuentra en la justicia.

El abogado de la familia que reclama conservar la titularidad de la instalación, José Luis Pena, consiguió paralizar esta toma de posesión, y es que en el Ministerio de Medio Ambiente no tenían constancia de que el caso se está resolviendo por la vía judicial. Tuvo que enseñar el recurso presentado ante el juzgado número 2 de primera instancia de Pontevedra. La decisión sobre la propiedad de esta instalación se puede retrasar más de un año, tras el traslado del caso desde los juzgados de Cangas a los de Pontevedra, lo que obligó a reiniciar todo el procedimiento. El juzgado cangués había asumido el caso pero un juez sustituto decidió trasladarlo a la capital de provincia, al tratarse de una demanda ante una administración del Estado.

La familia de Victorio Santomé busca que la justicia le reconozca la titularidad de las instalaciones en las que el propio Santomé trabajó hasta los 74 años. Se jubiló en 2009 y había dedicado toda su vida, desde los 22 años, a la construcción y reparación de barcos de madera.

Estos vecinos de Moaña acudieron a la justicia para reclamar la titularidad del terreno después de que Costas les anunciase, por sorpresa, que la superficie de 139 metros cuadrados era de dominio público. Eso ocurrió en 2008, cuando el Servicio Provincial de Costas incoó un procedimiento de recuperación de los bienes.

Los demandantes defienden que en las reformas de las leyes de Costas de los años 60 su propiedad ya quedaba fuera del dominio público. Acuden especialmente al deslinde del año 1962, así como al de 2007, que trazaba los mismos límites.

Antes de tomar este camino, la familia había presentado, sin éxito, las alegaciones oportunas ante el organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, así como un recurso de alzada el 25 de junio de 2009, que fue desestimado.

El abogado explicó en su momento que desde que se aprobó el deslinde en 1962 no se produjo ninguna comunicación sobre el supuesto dominio público de estos terrenos hasta 44 años después. Además, alega que entre la propiedad reclamada por el Estado y la costa circula una carretera municipal a través de la que se dan los servicios urbanos y que delimita el terreno privado. Dicho vial fue construido en 1980 sobre un relleno, por lo que la defensa de la familia entiende que para la propia Administración el deslinde no afectaba a esos terrenos en absoluto.

La solicitud al juez es que admita la propiedad privada del terreno en el que se encuentra la edificación y, en caso contrario, que se le reconozca a los propietarios el derecho de concesión, con la compensación económica correspondiente. Como medida cautelar, solicitaron que se paralice el intento de derribo mientras se prolongue el proceso judicial. De ahí que impidiesen la toma de posesión por parte de Costas de ayer.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook