El gobierno de Lalín afirma que la oposición exige unos informes técnicos que "no contempla la legislación vigente" en los concellos y atribuye sus críticas a "una nueva sobreactuación" de Rafael Cuiña, "a la que arrastró en esta ocasión" a PSOE y BNG, que "tragaron con los inventos" del exalcalde, al pedir "una celeridade en la entrega de documentación que no tenía cuando gobernaba". A su juicio, lo único que pretende con la solicitud de "decenas" de informes técnicos es "bloquear el funcionamiento de la administración municipal", cuya plantilla "a duras penas es capaz de realizar el trabajo que tiene porque la prometida RPT encargada por el anterior gobierno solo fue humo y un engaño". "Quiere que el trabajo político se lo hagan los técnicos municipales y le ahorren muchas horas de revisar documentación y de leer normativa, como sí hizo la oposición en el mandato anterior", alega el ejecutivo de José Crespo.
Conocidas las "infundadas" acusaciones "lideradas" por Cuiña y "secundadas" por Román Santalla y Francisco Vilariño, la alcaldía encargó a la Secretaría General del Concello que informara sobre los derechos a la elaboración del "montón" de informes que pretendían tanto de los habilitados nacionales como de cualquiera de los trabajadores municipales e incluso el acceso a documentos privados de los propios trabajadores". Sostiene que el informe "desmonta el intento de engaño" de Cuiña y deja "retratada" la estrategia del concejal de Compromiso por Lalín de "hacer humo" con unos informes cuya petición y acceso "no es capaz de argumentar legalmente".
En palabras de Crespo, el informe de Secretaría es "demoledor" con las peticiones de Cuiña. Señala el alto funcionario que procede "la emisión de informes previstos en aquellos supuestos en que así lo ordene el presidente de la corporación o cuando lo solicite un tercio de sus miembros, con antelación suficiente a la celebración de la sesión en que tenga que tratarse el asunto correspondiente", lo que ya acota que "los informes que legalmente se tienen que elaborar son los que corresponden a expedientes que se van a analizar, debatir y votar en sesiones plenarias o de comisiones informativas, y no la ringlera de informes que Cuiña pretende y que no tienen, en ninguno de los casos, relación con expedientes de órganos colegiados". Apoyado en el artículo 173 del ROF, el secretario indica que se elaborarán informes suyos y del interventor si lo piden el presidente o un tercio de la corporación "con la antelación suficiente a la sesión en que tuvieran que tratarse" los expedientes, con lo que vuelve a dejar claro que los informes sólo son preceptivos en los casos en que se refieran a expedientes plenarios.
Respecto a los informes solicitados a los demás técnicos y trabajadores municipales de manera recurrente y reiterada por parte de CxL y del PSOE, la Secretaría es "igual de clara y concreta", al apuntar que "los informes pedidos de otros técnicos municipales distintos de los habilitados nacionales carecen de amparo legal para ser emitidos". Deja claro que "las peticiones de Rafael Cuiña, incluso denunciadas ante el Valedor do Pobo, no cuentan con ningún amparo legal". Es más, considera que los informes de técnicos a los que puede tener acceso la oposición "son los que constan en los expedientes referenciados", y no solicitados ad hoc, como pretende la oposición. Certifica que "no le consta ninguna norma o disposición que recoja el deber de que un técnico tenga que emitir informe a petición de la oposición política de una corporación".
También rechaza el secretario la demandada entrega de documentos de trabajo internos, de técnicos municipales, ya que se trata de "instrumentos internos de trabajo, de control y de seguimento de los contratos o expedientes". Por tanto, entiende que "no existe deber de aportarlo, salvo que estén incorporados a algún expediente singular".
La obligación legal de entregar los informes de los distintos servicios municipales "viene referida a los habilitados de carácter nacional", y sólo "cuando se den los supuestos previstos en la normativa", o sea, de expedientes que son debatidos en plenos o comisiones. Sí existe el deber de "facilitar el acceso", que "no copias", de los informes que ya existen en el expediente.
El gobierno pide al líder de la oposición que "acepte que ahora no es el alcalde para pedir informes ad hoc, que digan lo que él quiere escuchar, como ocurrió en el mandato pasado, o guardarlos en el cajón si no decían el que él quería o no le valían para atacar a la oposición", concluye Crespo.
