13 de febrero de 2020
13.02.2020

El PP de Silleda valora trasladar a Fiscalía la concesión de licencias municipales

Está a la espera de la grabación del juicio por la demanda de Cuíña -En la vista salió a relucir un permiso a un pariente de la exregidora con informes de Urbanismo en contra

13.02.2020 | 02:21
Ignacio Maril compareció en la sede del PP, con varios compañeros del partido. // Bernabé/Javier Lalín

Una vez más, la justicia rechaza una demanda del grupo socialista de Silleda contra ediles del PP. Así lo recordó ayer el portavoz popular, Ignacio Maril, durante su valoración de la sentencia del Juzgado Número 2 de Lalín que desestima la petición de indemnización de 45.000 euros al alcalde, Manuel Cuíña, por un presunto delito de intromisión al honor.

Maril, que compareció junto a parte de sus compañeros de partido en la corporación y al exportavoz José Luis Espiño, mencionó otras demandas que no tuvieron recorrido contra Espiño, Alba Rojo, Alejandro Vidueiros, Javier Presas o el exregidor José Fernández Viéitez. "Es una estrategia orquestada de la que parece que sacan rédito", matizó. Maril añade que en el acto de la vista oral quedaron acreditados todos los datos que en su momento dio a conocer el PP sobre la alteración del proceso para conceder licencias a miembros del gobierno o allegados o sobre la facturación con una empresa cuyo gerente montó otra sociedad en su momento con Klaus Brey y un hijo de Manuel Cuíña. Para Maril, la concesión de licencias "es un punto angular" hasta el extremo de que el PP está analizando qué medidas tomar después de que la propia sentencia recoja que se alteró el procedimiento habitual del aplicado al común de los ciudadanos. Recordemos que tanto para la piscina de Manuel Cuíña como para la granja de una sociedad vinculada a Brey se expidió el permiso por decreto y, en el caso de Cuíña, tardó 23 días, frente a los 150 de promedio.

"Estamos a la espera de conseguir la grabación de la vista oral y valorando las acciones a tomar y si se ponen en conocimiento de Fiscalía todas estas circunstancias, porque entendemos que tienen visos de ser algo más que un tema civil, en vista de la prueba y de los hechos que quedaron probados en la vista que se llevó a cabo". Y es que durante el juicio, un técnico que prestó declaración apuntó que desde 2008 solo hubo un caso en el que se concediese una licencia para una obra a pesar de tener los informes de Urbanismo en contra. Es un permiso para un pariente de la exregidora, Paula Fernández Pena. Los populares pidieron información sobre esta cuestión al Concello, "que parece ser que no tiene, después de no sé cuántos años, esa licencia no tiene el final de obra y no se hizo nada para comprobar los compromisos que tenía", añade Maril.

Los populares, que tras el pleno extraordinario sobre la actualización catastral y la rebaja del IBI que pedía el PP, estaban planeando un calendario de reunión con los vecinos por parroquias. Una vez conocido el fallo judicial "aprovecharemos para que toda la gente conozca de primera mano lo que ya se le dijo en su día, pero ahora iremos con los informes de los técnicos municipales y la sentencia que acredita que todo lo que decíamos era cierto".

Judicialización de la política

En sus críticas a la vía judicial que abrió el alcalde, Maril asegura que con la demanda "se buscó el titular, porque al principio había una petición de 50.000 euros", cuando en el escrito de demanda que presentó la defensa de Manuel Cuíña no aparecía ninguna condena que rebasase "los 3.000 ó los 6.000 euros", apuntó Maril. "juegan con la justicia para sus fines por novena vez con nuestro grupo, y no le dio resultado", concluye.

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