"De la desesperación pasaron al enfado porque no tienen respuesta de nadie". Así resumió en la mañana de ayer Beatriz Rodríguez la situación en que se encuentran decenas de usuarios del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Forcarei. La delegada de personal de Serinter, la empresa que hasta hace poco tiempo prestaba este servicio en el municipio y que se encuentra en concurso de acreedores y con un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción, compareció junto al responsable comarcal de la Confederación Intersindical Galega (CIG), Antón Álvarez Merayo. Ambos concretaron que, en estos momentos, en torno a 60 de los 70 usuarios del SAF forcaricense -20 de ellos grandes dependientes- cumplen más de un mes sin recibir servicio.

Merayo y Rodríguez explicaron que el pasado 22 de marzo el Concello de Forcarei resolvió la suspensión del contrato. Incidió el sindicalista en que la administración municipal lo justificó en el incumplimiento por parte de la anterior concesionaria por impago de sueldos y abonos a la Seguridad Social. "Se acordaron hace un mes de que la empresa no estaba pagando salarios ni realizando abonos a la Seguridad Social, algo que viene pasando desde hace tres años", ironizó. Insistió la CIG en que el Concello adopta esta resolución "después de más de 40 demandas en los últimos seis años". Añade esta organización sindical que el ayuntamiento aludió también a la presunta vulneración de la ley de protección de datos "por un vídeo realizado por las trabajadoras con permiso de los usuarios" y que, insistió, "no tiene nada que ver con la empresa".

Llegados a este punto, Álvarez Merayo subrayó que el ERE no se ejecutó, de tal manera que las trabajadoras -14 auxiliares de Forcarei, una trabajadora social y una administrativa- continúan "de alta en la Seguridad Social pero no tienen trabajo efectivo". "Antes de que se ejecuten los despidos el propio Concello se carga el SAF. Deja a los usuarios sin atención y a las trabajadoras en un limbo", declaró el coordinador comarcal de la CIG. Fue entonces cuando consideró que esta situación constituye "un despido tácito", un "despido encubierto", por el que este sindicato resolvió acudir a los tribunales.

Asimismo, desde la CIG se aseguró que en estos momentos "un número muy reducido de usuarios" -estimó que no llegaría a diez- estarían recibiendo servicio por parte de una empresa de A Estrada, firma a la que la organización sindical también denuncia "porque habría obligación de subrogación" con respecto a las trabajadoras.

No logran empresas

"Ahora mismo, de 70 usuarios tendrán atención diez, si llegan", incidieron. Detallaron que de estos 70 beneficiarios del SAF de Forcarei, 30 tendrían reconocida una alta dependencia y otros 40 serían de libre concurrencia. En este sentido, la CIG fue crítica con la solución ofrecida por la Xunta para la treintena de ciudadanos valorados como dependientes. Indican que se les ofrece un servicio de libranza, de tal manera que se les aporta una determinada cantidad económica para que puedan contratar por su cuenta este servicio. Fue entonces cuando Merayo y Beatriz Rodríguez facilitaron copia de numerosos correctos electrónicos en los que múltiples firmas descartan hacer frente a esta atención, explicando que no están interesadas en prestar el servicio, que no tienen personal disponible actualmente o rechazándolo por la problemática del SAF forcaricense. Tras considerar que la administración gallega "tendría que haber asumido el SAF", avanzan la presentación de una quincena de recursos de alzada por parte de los usuarios ante la Xunta de Galicia contra la solución que se les ofreció.