Hace una década, el Concello de Silleda tenía una deuda de 12 millones de euros y los cálculos de algún interventor estimaban necesarios nada menos que 100 años para saldar este pasivo. A día de hoy, la situación está tan saneada que el alcalde, Manuel Cuíña, calcula que en un plazo de entre dos y tres años, es decir, en el ecuador del próximo mandato, la deuda del concello trasdezano será igual a cero.
El ejecutivo socialista está amortizando tanto deudas heredadas con empresas como dos créditos que el PP firmó en 2005: uno de un millón de euros y otro de 1,5. Ambos tenían 20 años de liquidación y a ellos se suma el plan de ajuste que tuvo que asumir el municipio, en 2012, igual que Agolada y Dozón, para sacar a sus cuentas de los números rojos. Silleda las está sacando, y con nota: destinó su superávit de 2018, 373.780 euros, a rebajar esa deuda, que a día de hoy está en casi 1,9 millones de euros. El ejecutivo socialista calcula que, si en los próximos años puede incrementar o incluso duplicar esa cuantía que aporta para pagar pasivo, en dos ó tres ejercicios la deuda dejará de existir. Una situación que sería el broche de oro a los dos últimos mandatos "en los que el gobierno municipal dio la vuelta a la situación económica de Silleda", recuerdan desde el PSOE.
Hay otro concepto, el de remanente, que sí puede destinarse a obras, servicios o, simplemente, que dar en el apartado de ahorros. En la liquidación de las cuentas de 2018 el remanente de Silleda arroja un saldo positivo de 413.969 euros, en la misma linea de años anteriores y dejando atrás la cifra negativa de 2013, de -396.327 euros. El remanente mide la solvencia económica del concello, una vez que a los fondos de las cuentas bancarias y a las partidas pendientes de cobro se le restan las deudas. Cuíña, que ayer compareció junto a los concejales Pilar Peón, Ana Luisa González Costa y Manuel Iglesias, apuntó que el remanente podría ser mucho mayor si se le añadiesen los 681.000 euros del campo de fútbol de A Gandareira, que se ingresarán esta misma semana, o los dos trimestres del canon del agua aún pendientes de recaudar.
Silleda será uno de los concellos que primero remitan su liquidación de 2018, puesto que el plazo termina el 31 de marzo y ni siquiera está disponible la plataforma electrónica. Cuíña apuntó que la previsión presupuestaria inicial para el año pasado era de 7,8 millones, el más alto en la historia de Silleda. Pero con los ingresos a mayores a lo largo del año, la cifra acabó llegando a los 8,67 millones. "Algo impensable hace tres ó cuatro años", recalcó el regidor y responsable local de Facenda.
Impuestos directos
El resultado presupuestario, que es la diferencia entre los ingresos y los gastos del ejercicio pero teniendo en cuenta los derechos pendientes de cobro de otras administraciones y el consumo del remanente anterior, asciende en 2018 a 1.065.988 euros. En su informe el interventor, Leopoldo Moure, señala que se gastó un 99,4% de lo que se ingresó, puesto que en la relación los ingresos ascienden a 8.357.793 euros, y los gastos, a 8.314.030. Para Moure, esto indica que "ni los gastos superan los ingresos ni se dejan de ejecutar gastos para los que existe financiación". Apunta que este objetivo pudo cumplirse "gracias a una altísima correlación entre los presupuestado y lo ejecutado", ya que se recaudó un 96,2% de lo previsto, "que habría rozado el 100% si pudiésemos meter el tercer trimestre de abastecimiento y saneamiento del agua", que aún está sin recaudar, apostilló Cuíña.
El alcalde, que incidió en que el de 2018 "fue el presupuesto más realista que recuerdo desde que estamos aquí", añadió que la recaudación de impuestos directos rebasó los 2,5 millones de euros, mientras que los indirectos aportaron 48.000. Las tasas ascendieron a 1.174.000. En cuanto a los gastos, el apartado de personal se llevó 2,1 millones, mientras que los gastos corrientes precisaron otros 2,9. Las inversiones reales rebasan los 2,5 millones y hubo que destinar otros 291.000 euros a transferencias corrientes. En esta cuantía la mayor partida corresponde al 30% que hubo que girar a la Diputación por la urbanización de la residencia, para mayores que ya se acometió en septiembre.
