La corporación municipal lalinense aprobó ayer por unanimidad la solicitud a la Xunta de una ambulancia asistencial de refuerzo a la unidad que ya tiene base en la localidad. La medida, impulsada por el grupo de gobierno, fue valorada tanto por el Partido Popular como por el edil no adscrito, Juan José Cruz, aunque ninguna de estas dos partes quiso intervenir para justificar el sentido de su voto, indicando simplemente su aprobación a la misma.

El edil de Saúde Pública, Nicolás González Casares, especificó que lo que se demanda a Sanidade es la recuperación de un vehículo, suprimido hace tres años, que servía de apoyo al existente en la base de la localidad, aunque en este caso no de manera permanente sino como refuerzo durante el tramo diurno. Además, el concejal recordó que en su momento se había reivindicado una ambulancia medicalizada, propuesta de la que nada se sabe hasta la fecha, pero que esta reivindicación sigue vigente.

El representante del cuatripartito expuso que al contar la localidad con solo una ambulancia asistencial -las otras dos de Deza y Tabeirós-Montes están en Silleda y A Estrada- se produce una saturación del servicio al ser incapaz, con un solo vehículo, de atender todas las incidencias, máxime cuando la adscrita a Lalín también presta servicio a los municipios vecinos de Rodeiro, Agolada y Dozón. La de Silleda comparte territorio con Vila de Cruces. Casares aludió a la existencia de una preocupación social por los casos de retrasos en la llegada de estos vehículos de transporte urgente, dejando claro que hay esperas que sí son asumibles u otros imponderables aceptables, pero que en este caso no es que el recurso no exista, sino que "está saturado". Indicó que la presencia de estas ambulancias asistenciales es reclamada por el personal sanitario, que comparte esta preocupación, o por los ciudadanos. Mencionó varios episodios recientes en el casco urbano, donde los tiempos de respuesta deberían ser mínimos, en los que se produjo un retraso considerable. "Eso genera alarma social", insistió. También manifestó que si por la ratio de población el servicio existente podría ser suficiente, no por la extensión que abarca. Antes de que la moción saliese por unanimidad dijo que la eliminada ambulancia de último recurso atendía en torno al 50% de los servicios y dijo que si la empresa que presta el servicio a la Xunta está incumpliendo el contrato, la administración deberá actuar y, en caso contrario, estaríamos ante un recorte en la sanidad.

En una sesión con escaso contenido -el PP no presentó ninguna iniciativa y Cruz dejó sobre la mesa una presentada por urgencia- los populares pidieron que se dejase para el próximo pleno la propuesta de actualización del IPC de la tasa de abastecimiento de agua y saneamiento. Su portavoz, José Crespo, indicó que no era de recibo que este asunto le fuese comunicado a su grupo por correo electrónico el pasado viernes y que la documentación no llegase hasta el mismo día del pleno. Primero la edil de Facenda, Teresa Varela, indicó que el expediente fue gestionado por los servicios administrativos y se comunicó de inmediato, además de asegurar que la documentación, por parte de los funcionarios, solo le fue enviada al PP y a Cruz. El alcalde, Rafael Cuíña, quiso dejar claro que no hubo mala fe sino que fue así como se movieron los tiempos administrativos. Pero Crespo mantuvo que en la documentación había dudas acerca de la prórroga del contrato con Espina y Delfín, indicando además al gobierno que sabiendo que el acuerdo expiró, tras dos décadas, en septiembre pasado, debió actuar con más premura. El interventor municipal, Fidel García, expuso que la prórroga se produce de facto, que hay jurisprudencia al respecto, y que la propuesta que venía a pleno estaba avalada legalmente. Con todo, la oposición pidió tiempo para estudiarla y, por plazos, la medida debería ser aprobada en un pleno extraordinario. Además, se aprobó que los festivos locales en 2019 fuesen, como de costumbre, el lunes y martes de As Dores.