Un informe municipal concluye que no está justificada la apertura de un expediente disciplinario a un funcionario del Concello de Lalín, tal y como había reclamado el edil no adscrito Juan José Cruz.
El funcionario instructor nombrado por el secretario del ayuntamiento elaboró una serie de indagaciones a partir de la aprobación en pleno, el 23 de febrero de este año, de una moción de Cruz en la que solicitaba que se verificasen unos supuestos reiterados ataques que un técnico de Igualdad contra él, vertidos en redes sociales, y que si estos se realizasen durante su jornada laboral. En primer lugar el secretario concluye que el objeto del encargo se refiere más a una investigación que a un informe y, una vez que entiende existen indicios para abrir una investigación, nombra instructor del expediente a otro funcionario. Previamente apunta a que de ser ciertas las expresiones denunciadas por el edil, podrían exceder de las permisibles y consideradas por órganos judiciales como un menoscabo o desprestigio de Cruz.
El instructor expone que mediante decreto de la Alcaldía, del pasado 4 de abril, se incoaron diligencias informativas al trabajador y se intentó notificar esta resolución a varios departamentos municipales. Solo la Policía Local expone que durante el pleno un agente admite que fue requerido por el edil para que comprobase si el funcionario estaba en ese instante en su despacho, algo que hizo y verificó que sí, aunque entre las dos requerimientos transcurrió media hora y no sabía si en ese tiempo el trabajador podría haber realizado esos comentarios o no.
El pasado día 13 el instructor toma declaración al funcionario, que dice no recordar si en las fechas citadas realizó algún comentario en redes sociales, pero en caso de que así fuese en ningún caso iban dirigidos al concejal, con el que, asegura, tampoco tiene algún tipo de enemistad personal. Y que desconoce a qué se están abriendo unas diligencias informativas contra él.
El instructor sospecha de la existencia de documentación en departamentos que no fue puesta a su disposición en aras de determinar la veracidad de los hechos, echa en falta más colaboración de áreas municipales, pero concluye que por meras sospechas no se puede abrir un procedimiento de estas características.
