La empresa impulsora de la instalación de la antena de Benito Vigo que ha suscitado una fuerte oposición vecinal presentó el pasado 15 de mayo -fecha tope que le había sido otorgada para presentar un proyecto de legalización de la instalación que subsanase los incumplimientos de la legalidad vigente apuntados por los informes técnicos municipales- diversa documentación en la que da cuenta de su intención de retirar el dispositivo pero, paralelamente, impulsar la instalación en ese mismo punto de un sistema de microantenas que anclaría al casetón radicado sobre la cubierta del edificio en el que está instalado.
Así se lo desveló cerca de la medianoche de ayer el alcalde José López Campos a los integrantes de la plataforma vecinal contraria a dicha antena, que acudieron a la sesión plenaria para plantear a través de su abogado, Paulo López, el "desamparo" que sienten los vecinos, "muy preocupados" por una cuestión de "salud pública" que ha recabado más de 3.500 firmas de oposición a la instalación y puesta en funcionamiento de dicha antena.
El regidor local negó que exista tal desamparo. Admitió lo difícil que le resulta al Concello sacar adelante las más de 300 denuncias pendientes de resolver por la falta de personal asignado al departamento de disciplina urbanística pero aseguró que el de la antena de Benito Vigo es el expediente de "prioridad absoluta" en el Concello, que no ha dejado de dar pasos para conseguir el desmontaje del dispositivo buscado por los vecinos desde que ellos mismos le informaron de su instalación.
No coincide ese diagnóstico con el del letrado de los vecinos, que hizo notar que estos presentaron ya 4 denuncias en el concello en relación con ese asunto. Preguntó si se van a tramitar, si se va a ordenar la retirada de la antena, si se la va a sancionar y si se clausurará la instalación que llegó a emitir en pruebas. También quiso saber si se va a permitir la colocación de una nueva antena y reiteró, una vez más, que la plataforma "quiere ir de la mano del Concello" y no tener que demandarle "por inactividad o nulidad de licencias".
López negó "la mayor" y aseguró que si se optó por llevar adelante el expediente por vía administrativa en lugar de instruir un expediente sancionador fue para lograr la máxima celeridad posible. Espera que "no más allá de junio" los técnicos municipales emitan el informe definitivo, que finiquite la "parte administrativa del expediente".
Los técnicos municipales analizan ahora la documentación presentada por la empresa, a la que en su día exigieron subsanar la altura máxima desde la cornisa (que superaba en dos metros la altura máxima permitida en el Plan Xeral) y subsanar los problemas de adaptación del equipo del sótano (cuestión que ya abordó la empresa en la documentación presentada el 15 de mayo). Entonces también le exigían la presentación del proyecto radioeléctrico que la empresa, efectivamente, había entregado ante el ministerio.
Tras seis meses de lucha vecinal, la empresa decidió reformular el proyecto. Los técnicos municipales analizan ahora la "parte técnica y urbanística" del nuevo proyecto. Ayer el abogado de los vecinos aludía a la situación urbanística de fuera de ordenación del edificio en el que está radicada la antena, cuya actividad, subrayó el alcalde, lleva paralizada desde el 20 de diciembre. Son cuestiones que analizan los técnicos y que probablemente, aventuró el alcalde ayer en pleno, culminarán este mismo mes con el desmontaje de la antena y una "no concesión" por parte del Concello. "Estemos unidos" pidió el abogado, llevando a cabo una "tramitación ágil " que zanje el asunto.
Su intervención zanjaba para los vecinos prácticamente dos horas y media de un pleno que el enfrentamiento político entre gobierno y oposición en relación con diversos asuntos más de dos horas y media. Los ediles de PSOE y BNG se ausentaron, disconformes con el contenido en el acta que recogía el dictamen de la comisión sobre la propuesta de Móvete de estudiar la posibilidad de construir un parking subterráneo en la zona de ampliación de la alameda. Entendían que se había acordado incorporar cuestiones que no se recogían.
Donde sí hubo unanimidad de las cuatro fuerzas políticas fue en exigirle a la Xunta total seguridad medioambiental y de toda índole o denegación para la mina de Touro. El "no" a la mina lo habían escenificado previamente la oposición municipal y los colectivos Río Ulla, Entre as Pontes y O Areal con una pancarta en A Porta do Sol que incitaba a secundar la manifestación del domingo en Santiago.
