18 de agosto de 2017
18.08.2017

PSOE y Móvete urgen un informe de Intervención sobre la legalidad de la facturación con Faílde

Consideran que el gobierno local no aportó información suficiente ni la solicitada - El BNG insiste en la "falta de ética" del alcalde

18.08.2017 | 03:44
Celebración de la comisión, el pasado miércoles. // Bernabé/Cris M.V.

La información sobre las contrataciones del Concello con las empresas vinculadas al coordinador de Protección Civil, Carlos Faílde, aportada por el gobierno local de A Estrada en la comisión del pasado miércoles -la tercera sobre convocada por este asunto- sigue sin satisfacer a la oposición, sobre todo al PSOE y a Móvete, que coinciden en reclamar un informe de Intervención que determine si las facturaciones fueron legales.

"El gobierno no aportó la documentación solicitada, sino la que ellos estimaron pertinente", asegura la portavoz socialista, Belén Louzao. Dice que había pedido la "certificación de Intervención" de las contrataciones efectuadas por el Concello desde 2014 hasta la actualidad "y entregaron un listado simple", señala. "Que el presidente de la comisión diga que prestarán total colaboración para analizar lo ocurrido, pero que no se entregue lo acordado es una colaboración hipócrita y falsa", argumenta Louzao refiriéndose al edil de Facenda, Alberto Blanco.

En la misma línea se posiciona Movemento Veciñal Estradense (Móvete), que considera que la información entregada "continúa siendo insuficiente para llegar al fondo de la cuestión" y poder "determinar si, más allá de la ética, se cometieron ilegalidades", apunta su portavoz, Mar Blanco. Su formación reclama también la elaboración de un informe de Intervención que "determine si las facturas pagadas por el Concello a Ricarsat en el año 2014 son nulas de pleno derecho". La concejala sostiene que en la anterior comisión "quedó claro" que a partir de enero de 2014, Faílde se hace con la propiedad de Ricarsat y sin comunicar la nueva situación al Concello se pudieron celebrar nuevos contratos, habiendo prohibición de contratar, incurriendo, de ente modo, en nulidad de derecho administrativo", explica. Por ello, entiende que "queda pendiente de aclarar si las facturas que el Concello pagó a Ricarsat durante el año 2014 son nulas de pleno derecho. Señala que el informe de Secretaría "advierte de que, de haberse pagado facturas habiendo prohibición de contratar, la nulidad de las mismas sería absoluta, imprescindible, insubsanable e indisponible por el particular".

Por su parte, el BNG se mantiene en su postura de no entrar en si la facturación fue legal, pero critica que el alcalde, José López Campos, "quien nombró a Faílde, no guardó la más mínima ética política, cuando sabía que era una persona que tenía una importante facturación con el Concello.

Factura única

La comisión también debatió sobre la adhesión del Concello a la plataforma de contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias para unificar las facturas de Gas Natural. Todos los grupos votaron a favor excepto Móvete, que prefiere esperar a conocer la opinión de Intervención al respecto.

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