El proceso de regularización de todo tipo de bienes inmuebles que realizará la Dirección General de Catastro afectará notablemente a una de las zonas más ganaderas de Galicia. El sector primario, con gran peso en la economía de Deza y Tabeirós, sumará otro impuesto cuya dimensión está por determinar. La normativa estatal obliga a las explotaciones ganaderas no solo a darse de alta -motu propio o de oficio a cargo de una empresa contratada por Catastro- sino a pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
A diferencia de otros municipios gallegos, en los que las explotaciones de ganado no son demasiado representativas, en Deza y Tabeirós constan, según los últimos datos oficiales, más de 3.500 granjas de ganado vacuno y en torno a 360 de porcino. A estas hay que sumar otras como las de aves o construcciones anexas a las propias explotaciones, que también serán dadas de alta en este proceso de regularización catastral para incorporarse a los padrones municipales y comenzar a tributar de cara ya al próximo año. Atendiendo al último balance de la Xunta sobre granjas de ganado vacuno, Lalín es claramente el ayuntamiento de las comarcas donde más altas catastrales se darán, pues constan 887 granjas de vacas. Este número es sensiblemente más bajo que las habidas cinco años atrás, cuando la Consellería de Medio Rural computaba en torno a un millar. Todas estas explotaciones serán valoradas para conocer con exactitud su tamaño, antigüedad o construcciones anexas. Una vez que se coteje la cartografía y se concluya el trabajo de campo, estos inmuebles pasarán al padrón municipal. Entre los ganaderos ya existen serias dudas acerca de la rigurosidad de Catastro en las mediciones y están además a la espera de conocer qué tipo impositivo se aplicará a estas construcciones situadas en el rural.
En Silleda el censo de granjas de vacas está en 520. En Vila de Cruces serían unas 400 y 410 en Rodeiro. En Agolada y Dozón son, respectivamente, 253 y 176. En Tabeirós-Montes este sector tiene menos presencia, aunque según la administración autonómica, en A Estrada existen 652 granjas, 220 en Forcarei y 71 en Cerdedo.
En el caso de las explotaciones de ganado porcino, una Agrupación de Defensa Sanitaria (ADS) explica que entre las aproximadamente 360 que hay en las dos comarcas no se incluyen las familiares o las destinadas a autoconsumo. La representante de la ADS de porcino de Silleda, Ana López, indica que prestan servicio en Deza y Tabeirós-Montes, pero también en el resto de la provincia. El número de explotaciones industriales con las que opera esta asociación con sede en Silleda se acerca a las 300 en el conjunto de la provincia.
La nueva normativa de Catastro sí que permitirá conocer con exactitud el censo de explotaciones de todo tipo que figuran en las comarcas, tanto las que están registradas formalmente, como las que no constan en los padrones municipales. Algunos productores cuestionan que además de asumir mayor carga fiscal haya que pagar una tasa por la realización de un censo catastral.
En el extenso rural de las dos comarcas la regularización de inmuebles hará aflorar numerosas construcciones que, o bien no están dadas de alta, o que en casos fueron levantadas sin licencia de obra y están dentro de una situación de absoluta ilegalidad. Pero la propia ley establece que el plazo máximo sobre el que se aplicaría la liquidación de este tributo municipal no potestativo son cuatro años. En los demás casos se hará en función de la antigüedad del inmueble, siempre hasta un máximo de 48 meses y un mínimo de 12.
Otra cuestión a analizar son las bonificaciones que practican los ayuntamientos al IBI de rústica. Por ejemplo en Lalín en la ordenanza en vigor está en el 60% sobre la tasación. Este descuento excluye a todas las construcciones e inmuebles situados en diseminado, es decir, fuera de un núcleo rural delimitado. Por eso existen algunas viviendas que, pese a estar en una parroquia, sus propietarios pagan un recibo de contribución bastante elevado al no poder acogerse a la bonificación, en caso de que sus bienes estén en diseminado.
