Los concellos de Lalín, Silleda y A Estrada podrán comenzar las contrataciones de los efectivos de sus respectivos Grumir (Grupo Municipal de Intervención Rápida) en los próximos días, toda vez que ayer se publicaba la orden de la convocatoria. Como principal novedad se incluye la posibilidad de incorporar a dos personas de forma inmediata para atender urgencias e imprevistos, sin tener que aguardar a que exista una resolución en firme sobre las peticiones de los concellos. Con una autorización del departamento de Traballo, remitida de inmediato tras recibir la solicitud, bastará para dar de alta a estos trabajadores sin tener que esperar al mes de mayo, cuando se prevé que se puedan notificar las resoluciones oficiales. De este modo, los concellos podrán adelantar la puesta en marcha de estos equipos de emergencia hasta dos meses, con respecto a los plazos manejados en los ejercicios anteriores.

La distribución de los Grumir en Pontevedra mantiene la estructura acordada entre Xunta y Fegamp (Federación Galega de Municipios e Provincias) y que ha venido funcionando en los últimos años. De este modo, serán diez los concellos que disfruten del servicio, con un máximo de doce trabajadores cada uno: Lalín, Silleda y A Estrada, en la zona, y Bueu, A Cañiza, O Grove, A Guarda, Sanxenxo, Tui y Vilagarcía de Arousa. Otros dos concellos dezanos, Vila de Cruces y Agolada, habían solicitado uno compartido, con seis personas por concello, pero la Xunta opta por preservar este año el reparto tradicional. El ayuntamiento cruceño volvió a reiterar la petición en el pleno del jueves.

Además, la orden introduce un nuevo criterio de distribución provincial de créditos, que tendrá en cuenta el mayor esfuerzo inversor que es preciso realizar en numerosos concellos pontevedreses en aras del necesario equilibrio interterritorial y del principio de solidaridad con los territorios más desfavorecidos.

Este programa forma parte de las ayudas que la Consellería de Traballo e Benestar convoca en el marco de los planes de cooperación con las entidades locales para subvencionar la contratación de desempleados con destino a obras o servicios de interés general y social. Así, tendrán preferencia los colectivos con especiales dificultades de inserción laboral, en especial mujeres que acrediten la condición de víctimas de la violencia de género; menores de 30 años; personas con discapacidad o parados de larga duración; desempleados que hayan agotado sus prestaciones y subsidios o mayores de 45 años; e integrantes de colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclusión social.