Pontevedra, entre las únicas 14 ciudades españolas que han activado las Zonas de Bajas Emisiones

La urbe del Lerez apostó por una fórmula exclusiva de declarar todo el casco urbano y evitar así el cobro de tasas a los coches para acceder

Una calle peatonal de la ciudad

Una calle peatonal de la ciudad / GUSTAVO SANTOS

Nueve meses después de que haya terminado el plazo para poner en marcha las zonas de bajas emisiones (ZBE), solo 14 de los 151 municipios españoles que deben contar con ellas lo han hecho y, aunque la mayoría de ayuntamientos están tramitando los proyectos, otros, gobernados por el PP o Vox, se niegan a aplicar la normativa. Pontevedra figure entre esas 14 urbes con el modelo ya implantado, y con una fórmula exclusiva, no existente en otros lugares, que se basa en declarar como ZBE la totalidad del casco urbano, así como los barrios de Monte Porreiro y Estribela y parte de la parroquia de Lérez.

Aunque este sistema aún no cuenta con señalización específica y se trabaja ahora en la instalación de una red de cámaras y sensores para perfeccionar el control del tráfico, Pontevedra aprovecha su modelo urbano de peatonalización que aplica desde hace más de veinte años para dar por activada esa ZBE.

La Ley de Cambio Climático, aprobada en 2021, estableció que los territorios insulares, las ciudades de más de 50.000 habitantes y las de más de 20.000 que superen determinados valores de contaminación debían contar con ZBE antes de que comenzara 2023.

Sin embargo, por ahora, las únicas ciudades que tienen en vigor estas zonas que restringen el acceso a los vehículos más contaminantes son Pontevedra, Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Córdoba, A Coruña, Pamplona, Badalona (Barcelona), Sant Cugat del Vallés (Barcelona), Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Cornellà de Llobregat (Barcelona), La Línea de la Concepción (Cádiz) y Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

En el extremo opuesto se encuentran los cerca de 30 municipios que no han iniciado los trámites, como es el caso de Menorca, Ferrol (A Coruña), Aranjuez (Madrid), Motril (Granada) o Mijas (Málaga).

A pesar de que menos del 10 % de municipios tienen estas zonas operativas, fuentes del Ministerio de Transportes han subrayado a EFE que los ayuntamientos cuentan con 1.500 millones de euros en ayudas del Plan de Recuperación para desarrollar más de mil actuaciones encaminadas a implantar las ZBE, adquirir autobuses cero emisiones o peatonalizar calles.

Estas mismas fuentes confirman que esta semana el ministerio ha remitido una carta a los ayuntamientos beneficiarios de estas ayudas para "recordarles sus compromisos y obligaciones". 122 municipios ya han iniciado los trámites

Según los datos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), 122 localidades ya han iniciado los trámites para implantar sus zonas de bajas emisiones, pero hay diferencias notables respecto al ritmo al que avanzan.

Los ayuntamientos de ciudades como Badajoz, Gandía (Valencia), Zamora o Ávila han asegurado a EFE que sus ordenanzas estarán en vigor antes de que termine 2023.

En el caso de Guadalajara, Alcobendas o San Sebastián de los Reyes (estas dos últimas en la Comunidad de Madrid) prevén que las ZBE estén en funcionamiento desde el 1 de enero de 2024.

Otros municipios, como Oviedo, Gijón o Avilés, van con más retraso y esperan tenerlas operativas a lo largo del año que viene.

En Sevilla, aunque según los datos del Miteco la zona de bajas emisiones está en vigor, fuentes del ayuntamiento han informado a EFE de que la aplicación efectiva -el control por cámaras- todavía no ha comenzado y se espera que empiece a principios de 2024.

Albacete, por ejemplo, espera terminar de redactar el proyecto antes de que acabe 2023 y, en Talavera de la Reina (Toledo), el Gobierno local ha avanzado que a principios de agosto de 2024 las obras para implantar estas zonas deben de haber concluido. No obstante, sostienen que eso no significa que se vaya a poner en funcionamiento en esa fecha. Santander, Elche o Badalona no prevén aplicar la normativa Tras las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, algunos dirigentes del PP o Vox están modificando los proyectos que comenzaron los anteriores equipos de gobierno y pretenden así eliminar o retrasar la aplicación de las zonas de bajas emisiones.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), asegura que no aplicará la zona de bajas emisiones "sin datos previos" que justifiquen su implantación, "por capricho o sin un criterio que se pueda explicar".

El Ayuntamiento de Elche (Alicante) ha confirmado que no restringirá el tráfico en la localidad para implementar la ZBE y en Badalona (Barcelona), aunque está operativa, no la está aplicando.

Estaba previsto que las sanciones entrarán en vigor en 2024, pero el nuevo alcalde, el popular Xavier García Albiol apuesta por aplicar una moratoria de las sanciones hasta 2027.

En Huelva, el nuevo gobierno municipal del PP estudia modificar el plan aprobado en el anterior mandato socialista. Varias ciudades han solicitado un aplazamiento

Al menos cinco ciudades han solicitado ampliar el plazo para aplicar las zonas de bajas emisiones. Es el caso de Málaga, Granada, Ceuta, Burgos o Palma de Mallorca.

El Ayuntamiento de Palma ha pedido una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2024 porque aseguran que no disponen de "tiempo suficiente" para finalizar el proyecto.

En el caso de la capital malagueña, han solicitado ampliar el plazo también hasta finales del año que viene, pero en este caso justifican esa decisión por "la falta de suministros" que hay debido a "la gran demanda" de las ciudades que están obligadas a crear estas zonas.

En Burgos, el nuevo gobierno, de PP y Vox, pretende suavizar las medidas que propuso el anterior equipo y ha pedido una prórroga de un año