El Concello ficha a un equipo jurídico de élite coordinado por el exministro de Justicia Caamaño para combatir el fallo del Supremo sobre Ence

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, anunció este miércoles novedades acerca de la batalla legal que quiere mantener el Concello contra el fallo del Supremo que declara ajustada a derecho la prórroga de la concesión otorgada a Ence. Una de ellas es que, al incidente de nulidad que presentará ante el propio Supremo, se sumará un segundo recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. La segunda es que el ayuntamiento fichará a un equipo jurídico especializado de gran nivel para defender los intereses del Concello en estos dos procesos judiciales contra la pastera.

Así, tras destacar que la decisión se toma aconsejados por el propio equipo jurídico del Concello, Lores desveló que el despacho que contratará el Concello es CCS Abogados, con sede en Galicia y Madrid. Se trata de una oficina con más de 70 abogados. En el caso del equipo diseñado para ejecutar la estrategia jurídica, estará coordinado por Francisco Caamaño, exletrado del Tribunal Constitucional, doctor en Derecho y Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia. Otros juristas de reconocido prestigio, como son Ángel Juanes (expresidente del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional), Almudena Fernández (profesora de Derecho Administrativo en la Universidad de A Coruña), Ángel Judel Pereira (Abogado senior especialista en Derecho Administrativo) y David Rodríguez Fidalgo completan este equipo que coordina Caamaño, exministro de Justicia durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero.

El coste de este servicio será de 26.500 euros más IVA y la decisión se toma en base a que el gobierno local se toma los recursos contra la sentencia de "Ence" como un asunto "serio" que precisa de profesionales muy especializados a pesar de la valía reconocida de los servicios jurídicos municipales. Desde el despacho de abogados trasladaron al Concello que, tras analizar la sentencia del Supremo y, especialmente, el voto particular de la magistrada Ángeles Huet, consideran que "hay partido" y se toman "como un reto", revertir la situación creada con el fallo judicial adoptado por el Alto Tribunal y que permite a Ence permanecer en Lourizán hasta 2073.