Una década de incertidumbre jurídica

El 13 de junio de 2018. Esta era la fecha de caducidad de la concesión otorgada a Ence ese mismo día en 1958. La entrada en vigor de la Ley de Costas en el año 1988 fijó ese límite para mantener la actividad de la pastera en Lourizán y todas las instituciones, incluida la Xunta de Galicia, comenzaron a diseñar en sus normativas (incluidas las urbanísticas como el Plan de Ordenación del Litoral o las Directrices de Ordenación del Territorio) la recuperación de las marismas de Lourizán tras el fin del título otorgado a Ence.

Una empresa que en 2001 cambió de manos y fue vendida con esa fecha de caducidad en su envoltorio. Sin embargo, el panorama cambio por completo en 2013.

Modificación de la ley de Costas en 2013

El gobierno de Mariano Rajoy, bajo la dirección al frente del Ministerio de Medio Ambiente de Miguel Arias Cañete impulsa una modificación de la ley de Costas que no solo supone una “amnistía” para numerosos núcleos y viviendas del litoral, sino que abre la puerta a la solicitud de prórrogas por parte de las empresas que tenían concesiones en dominio público marítimo-terrestre antes de la entrada en vigor de la ley de Costas del 88 y de la propia modificación de 2013. Prórrogas que se podrían extender hasta en 60 años, entrando en colisión con lo que establece la Ley de Patrimonio, que fija un máximo total de 75 años.

Ence solicita la prórroga extraordinaria en 2015

El 4 de diciembre de 2015, Ence solicita esta prórroga extraordinaria. Lo hizo después de que la Justicia resolviese otra batalla judicial en la que el Concello y otras entidades solicitaban la caducidad de su concesiones por distintos incumplimientos. Los juzgados resolvieron esta cuestión obligando a Ence a demoler el campo de fútbol de Lourizán y otras actuaciones menores para ajustar su concesión a lo establecido legalmente. Con el procedimiento de caducidad cerrado, tenía vía libre para pedir esta prórroga que recogía la modificación de la ley de Costas de 2013.

Concesión de la prórroga el 20 enero de 2016

Con un Gobierno en funciones, la secretaria de Estado de Medio Ambiente, de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar dicta una resolución en la que concede a Ence dicha prórroga extraordinaria por 60 años a partir de esta fecha y que estaba sujeta a la realización de inversiones por valor, al menos, de 135 millones de euros. Fue el 20 de enero de 2016. Ence tenía vía libre para continuar produciendo celulosa en Lourizán hasta 2073 y anuncia inversiones a mayores para mejorar la eficiencia y productividad de una fábrica lastrada hasta entonces por su situación de inseguridad jurídica.

Interposición de los recursos conta la prórroga tres meses después

El Concello, APDR y Greenpeace presentan los correspondientes recursos administrativos contra la decisión de conceder una prórroga a Ence. Desestimados estos, queda expedita la vía judicial contencioso-administrativa a la que acuden en septiembre de 2016. Alegan diversas circunstancias, como el incumplimiento de la duración máxima de la Ley de Patrimonio, pero también se introduce una variante. La reforma de la Ley de Costas de 2013 no se pronuncia sobre el artículo 30 de la ley de 1988 en el que se señala que las concesiones en terrenos de Costas solo podrán ser prorrogadas a empresas que para su funcionamiento tengan que ocupar necesaria y obligatoriamente estos espacios cercanos al mar.

Marzo de 2019: El Estado se allana y cambia de tesis

Fue uno de los momentos cruciales en toda esta batalla judicial. La propia administración que había concedido a Ence una prórroga ampliando su título concesional se allana a las tesis del Concello y de las organizaciones ecologistas y asegura que la resolución de 2016 no se ajusta a derecho. Introduce también este incumplimiento de la Ley de Costas del 1988. Lo hace después de un cambio de Gobierno ya con el socialista Pedro Sánchez enMoncloa. La situación de Ence en el proceso judicial cambia radicalmente y se debilita hasta el punto que sus acciones caen en picado al incrementarse la inseguridad jurídica de su fábrica en Pontevedra. Comienzan las protestas de los trabajadores.

La Audiencia Nacional anula la prórroga en 2021

Ocurrió en julio. Llegan las dos primeras sentencias en respuesta a los recursos del Concello y de Greenpeace contra la concesión de la prórroga a Ence. La Audiencia Nacional reconoce que la reforma de la reforma de la Ley de 2013 abre la puerta a las prórrogas de estas concesiones pero no de todas. Indica que hay que respetar el artículo 30 de la ley de 1988 en el que se permite solo para aquellas empresas que ineludiblemente tengan que desarrollar su actividad en terrenos de dominio público marítimo-terrestre y señala que Ence no ha probado esta necesidad, aunque así lo alegue en un informe pericial. La prueba, dicen, que su fábrica de Navia no está en suelo protegido por Costas.

2023: recurso al Supremo que valida la prórroga

El último acto de este conflicto judicial por la continuidad de Ence más allá de 2018 se escenificó ayer con la decisión del Supremo que aceptó los recursos y revocó las sentencias de la Audiencia Nacional, dando legalidad a la prórroga otorgada en 2016 hasta el año 2073.