Cuando el 7 de agosto de 2018 el patrullero de Vigilancia Aduanera “Fulmar” abordó el remolcador Titán III, el barco se encontraba averiado a la deriva entre Madeira y las Azores en medio de un temporal de “fuerte marejada y zonas de mar gruesa”, según explicaron los dos últimos testigos, funcionarios de Aduanas, que ayer declararon en el juicio. A bordo, 1,7 toneladas de cocaína con destino a Galicia, que fueron conducidas, junto al barco, al Puerto de Las Palmas, debido al temporal que hacía peligrosa la singladura hacia Vigo.
Esta tormentosa navegación del “Titán III” parece una alegoría del tortuoso macroproceso judicial resultante de aquella operación. Ayer, tras seis intentos fallidos por iniciar el juicio –no pudo arrancar hasta septiembre– y once sesiones, todo estaba listo para que la vista oral entrase en su recta final con la declaración de estos dos últimos testigos y los informes de las partes.
El procesado aseguró que lo dejaron abandonado en la Gudiña la persona que lo traía en coche al juicio
Sin embargo, el juicio parece gafado y, aunque se pudo celebrar en parte, volvió a sufrir una nueva interrupción. En este caso, debido a la “odisea” que vivió uno de los acusados para poder llegar a Pontevedra desde Andalucía. A las diez de la mañana, hora en la que debía sentarse en el banquillo de la Audiencia, este procesado estaba en A Gudiña, desde donde comunicó a su letrada que quien lo traía en coche hasta Pontevedra se había “enfadado” con él y lo había dejado “tirado” en la localidad ourensana.
Advertido de las graves consecuencias de no personarse, esta persona afirma que tuvo que ser atendido de un ataque de ansiedad en un centro de salud y, tras confirmar la Audiencia que ya había sido dado de alta, se le ordenó presentarse en Pontevedra cuanto antes y como pudiera. Sin él en la sala fue posible escuchar la declaración de los dos primeros testigos, pero era imprescindible su presencia en la lectura de las conclusiones definitivas de las partes. Tenía que personarse como fuera si no se quería volver a suspender la vista.
Vídeoconferencia
Se barajó la posibilidad de un taxi a Pontevedra (pero el acusado alegó que no podía pagarlo) y finalmente fue la propia Guardia Civil quien lo trasladó a Verín en donde pudo participar en el juicio desde los juzgados de esta localidad por videoconferencia. Tras el informe del fiscal y de una de las defensas que se produjo ayer, el juicio continuará hoy con las exposiciones del resto de las partes y con la esperanza por parte de letrados, acusados y del tribunal de que no haya más interferencias en un juicio del que ayer se hablaba que está “gafado”.
En el juicio de ayer, los letrados de las defensas volvieron a señalar la existencia de defectos de forma para echar abajo la instrucción del procedimiento, poniendo en duda la competencia del juzgado de Vigo para instruir la causa o cuestionando la cadena de custodia de la droga, entre otras supuestas irregularidades.
El fiscal retira la acusación contra dos de los procesados
De los 21 procesados inicialmente, antes del juicio ya se retiró la acusación contra uno de ellos. Ayer, antes de dar lectura a sus conclusiones definitivas, el fiscal antidroga Pablo Varela anunciaba que retiraba la acusación contra otros dos, el gallego Juan Carlos Caeiro; y el onubense Santiago Fernández Ibáñez. Ambos abandonaron en ese mismo momento el banco de los acusados. Este último lamentaba el quebranto personal que le supuso su procesamiento por estos hechos desde 2018. Además de serios perjuicios a nivel personal y profesional, lamentó los constantes traslados desde Huelva a Pontevedra para asistir a los juicios. Al final, ayer se quitaba un peso de encima finalmente después de que el Ministerio Público retirase toda acusación en su contra.
Tras modificar su escrito, el fiscal pide penas que oscilan entre los tres años y medio y los trece años y medio de prisión para los otros 17 implicados
Además de exonerar a estos dos acusados, el fiscal antidroga presentó una modificación de su escrito de acusación en la que rebaja la imputación a la categoría de complicidad para dos de las mujeres que se sentaban en el banquillo, con la consiguiente reducción de la petición de pena. También, modificó su escrito para uno de los acusados que reconoció los hechos y para los tripulantes del barco pesquero que debía salir a recoger la droga, salvo para el patrón. Mantuvo la acusación para el resto e incluso incrementó su petición de pena en algunos casos. Así, las peticiones de condenas se mueven entre los tres años y medio que solicita para una de las acusadas a los entre 10 y 13 años y medio que reclama para los que considera principales implicados en el alijo, además de multas que van entre los 200 y 340 millones de euros.
